Opinion | 25 Jul El marcado déficit habitacional que se ha generado desde hace décadas en nuestro país se ha traducido inevitablemente en grandes dificultades para el acceso a la vivienda por familias de menores recursos, a partir de una brecha excesiva entre el poder adquisitivo en los salarios e ingresos medios de un núcleo familiar y el costo de la construcción, sumado al problemático y costoso acceso a terrenos para edificar.
No se trata de ninguna novedad para quienes desde hace muchos años seguimos la realidad nacional en esta materia. Por lo menos desde hace medio siglo cada gobierno ha traído su propia receta para solucionar el problema habitacional de los uruguayos, pero la realidad indica que siempre los recursos volcados han sido escasos ante las necesidades de financiación a través del Estado. Por otra parte, en el caso de los privados no se ha contado con créditos ágiles y en plazos realmente adecuados a los desafíos que plantea el costo de construir respecto a los ingresos de la familia.
En el caso de la Administración Mujica, ha quedado atrás y casi olvidado el anuncio del propio mandatario, pocos días después de asumir, en el sentido de que “en quince días estaremos construyendo viviendas”, cuando ni siquiera había planes para llevarlos adelante ni se habían dispuesto los recursos correspondientes, que tampoco han aparecido hoy en la magnitud esperada, porque las prioridades se han ido a otros rubros.
Estudios de gremiales que reúnen a quienes atienden la problemática de la vivienda, indican que más del cuarenta por ciento de la población tiene actualmente dificultades para el acceso y la permanencia en viviendas. De acuerdo a esta información, solo el 54,2 de los uruguayos es propietario, en tanto el 28,1 por ciento es ocupante y el 17,8 por ciento es inquilino o arrendatario, aunque existe heterogeneidad de situaciones, pero con una máxima que siempre debe tenerse presente: solo construyendo o lanzando viviendas al mercado se puede combatir el déficit habitacional, poniendo el alcance de los grupos de menores ingresos unidades habitacionales para la compra o alquilar.
Ocurre que por más que haya más de un camino para llegar a Roma, resulta poco efectivo insistir con intentos muy parciales, sobre todo si las soluciones que se generan no alcanzan siquiera para absorber el crecimiento de la demanda en el período, y tenemos así que durante la Administración Vázquez, en la que se construyeron muy pocas viviendas, lejos de reducirse, se incrementó el déficit habitacional, mientras que en la Administración Mujica, a mitad del período, todavía este proceso no se ha revertido.
Uno de los instrumentos que se ha puesto en marcha, de forma de que no solo el Estado promueva directamente respuestas, es la Ley de Promoción de Vivienda Social, y entre las unidades en construcción, con proyectos aprobados y presentados, se llega actualmente a unas 1.250 viviendas, ante un déficit habitacional estimado en 30.000 viviendas para la clase media, pero que trepa a unas cien mil para todas las situaciones sociales. Igualmente, al haberse aprobado hace solo ocho meses la ley, podría considerarse que es una respuesta auspiciosa de promotores privados para un sector que no cuenta con el apoyo del Banco Hipotecario del Uruguay y no accede a los créditos de vivienda del sistema. Por otra parte, es muy positivo el hecho que ahora exista alguna otra opción a las cooperativas de vivienda o similares, puesto que en el Interior --sacando la excepción de algunos departamentos del sur--, son prácticamente las únicas viviendas que se construyen.
Con todo, aún se está lejos –y difícilmente se llegue—a las diez mil viviendas en el quinquenio, como se estimaba. Es que si bien hay necesidades, el mercado todavía no es muy receptivo en cuanto a demanda porque pese a las exoneraciones impositivas y otros estímulos, todavía la amortización es cara hasta para los ciudadanos de ingresos medios, por lo que deberían promoverse mecanismos para abaratar los créditos con este destino.
Debe tenerse presente, ya en un marco global, que falta ofrecer respuestas valederas al 70 por ciento restante de los aspirantes a la vivienda propia, todavía insuficiente por los mecanismos que ofrece la Agencia Nacional de Vivienda, tanto por sistema cooperativo como por modalidades de reciclaje y promociones subsidiadas, lo que da la pauta de que en esta materia todavía hay mucho por hacer.