Opinion | 26 Jul El denominado Gabinete Productivo de la Administración Mujica ha analizado en más de una oportunidad la posibilidad de incorporar un conjunto de medidas para mejorar la competitividad de determinados sectores industriales, con planes particulares para cada uno de ellos.
Ello indica que el Poder Ejecutivo sigue redefiniendo medidas parciales para mejorar la competitividad de la industria nacional, ante un escenario comprometido por factores externos e internos que están encareciendo sensiblemente nuestros productos de exportación con algún valor agregado.
Los representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Trabajo, Transporte, y Relaciones Exteriores y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto han avanzado en planes para cada rama de actividad que comprenden un paquete global de medidas que buscan mejorar la competitividad de estas industrias a futuro.
Evidentemente situaciones internacionales como la crisis de Estados Unidos primero y luego la europea, pero también medidas proteccionistas en el Mercosur, de Argentina y Brasil, inciden negativamente en el esquema de varias de nuestras industrias, y ello es determinante para que los afectados urjan definiciones que les permitan hacer frente a los crecientes costos y consecuente pérdida de competitividad.
La madera es uno de los grupos de actividad que ha enfrentado mayores problemas, a partir del escenario que se ha generado ya desde 2008, porque no se ha podido recuperar precios ni demanda desde entonces, algo que ha afectado sensiblemente la actividad de las fábricas de contrachapados y tableros.
Desde el año pasado en este sector se está trabajando conel Instituto Uruguay XXI para efectuar un relevamiento de las exportaciones que se han registrado en los últimos meses, de forma de posteriormente contratar una consultora para elaborar un estudio pormenorizado de nichos de mercado de productos de madera aserrada, a lo que se agrega un estudio de empresas del sector para elaborar un informe sobre barreras no arancelarias.
Otro aspecto en favor de este sector incluye analizar un decreto con vistas a concretar exoneraciones del IRAE para los pequeños aserraderos. En lo que refiere a la industria naval, ha cobrado fuerza la idea de la instalación de un Polo Industrial Naval, así como la de un centro de reparaciones en el litoral oeste, además de la promoción de inversiones para el sector.
Estamos ante medidas que son a todas luces positivas, por cuanto la caída de la competitividad se ha constituido en el talón de Aquiles del escenario de bonanza sostenida de nuestro país.
Es que el tema pendiente es sin duda la situación de los productos que requieren la incorporación de valor agregado, es decir con empleo de mano de obra fundamentalmente, cuando se han encarecido los costos en dólares, incluyendo los salarios e insumos como la energía y tarifas de servicios públicos, entre otros, mientras se pierde competitividad en los mercados externos.
Pero dentro de lo positivo de que se pretenda contemplar la situación sector por sector, es evidente que Uruguay necesita mejorar globalmente su competitividad en el sector productivo en general y en el industrial en particular, porque una cosa es la exportación de commodities, para lo que nuestro país tiene ventajas comparativas, y otra muy distinta productos semiterminados o con algún valor agregado, que es lo que más sirve por la generación de empleos de calidad e infraestructura de apoyo.
Es decir que sin descartar medidas específicas para los sectores más comprometidos, Uruguay necesita fortalecer a los sectores exportadores en general, mediante correctivos que hagan hincapié en el abatimiento de costos.
Es preciso sobre todo atender las áreas que fortifican la productividad de la economía y no confinarse en el supuesto blindaje por el manejo macroeconómico del endeudamiento, pero para el que resta nada menos que la contrapartida de contener el gasto público procíclico que sigue promoviendo el gobierno, y por el cual se pone en riesgo el desempeño de la economía en el futuro inmediato y mediato, ante la carga que supone para el aparato productivo y los demás sectores reales de la economía sostener con impuestos, altos costos de la energía y otros insumos, el funcionamiento del Estado.