Locales | 27 Jul Hoy la Justicia dictará sentencia en el caso por desalojo del ex cine Astor presentado por la Intendencia de Paysandú contra los ocupantes de ese local, que ya tiene fallo en primera instancia a favor del demandante. La parte demandada interpuso recurso de apelación que precisamente habilitó la audiencia del miércoles por la tarde.
En la segunda audiencia participaron ambas partes. La doctora María Magela Otero Zabaleta, jueza letrada de Primera Instancia de Paysandú de Sexto Turno, ratificó la postura de las partes y pasó luego a una etapa de alegato.
Como fuera informado en febrero por EL TELEGRAFO, en el ex cine Astor residen el matrimonio integrado por Diego Fernández, Katia González y sus dos hijos; Raquel Ríos y Lorenzo Fernández. Este último es el que tiene un período de residencia más largo, de unos 35 años.
La Intendencia de Paysandú presentó demanda judicial para desalojar a esos ocupantes y hacerse con el inmueble, que le fuera donado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en julio de 2004, durante la Administración de Alvaro Lamas. Tras la disolución de la asociación civil Sociedad Nacional de Socorros Mutuos, propietaria del inmueble donde durante años funcionó el cine Astor, cancelada el 27 de octubre de 2003, el MEC -que recibió el inmueble- designó a un liquidador, el Dr. Luis Eduardo Chalela Pereira, quien propuso que el inmueble sea donado a la Intendencia para que lo destine a un proyecto cultural.
Pero al momento de la donación el ex cine Astor ya se encontraba ocupado por las personas antes mencionadas, por lo que la Intendencia -hasta ahora- nunca pudo hacerse con el bien. Ante esta situación optó por la vía judicial.
“ESPERAMOS
SENTENCIA FAVORABLE”
El doctor Martín Etchebarne, jefe de Asesoría Letrada de la Intendencia de Paysandú, dijo a EL TELEGRAFO, al abandonar la sede judicial, que “no parece que haya elementos que ameriten un cambio en la decisión judicial, aunque obviamente debemos esperar hasta el viernes (hoy) para conocer el dictamen”.
Destacó que “esta audiencia fue de revisión de todo lo actuado hasta el momento y ambas partes ratificamos; nosotros mantenemos el pedido de desa-lojo porque creemos que nos asiste razón y hemos tramitado las correspondientes pruebas”, agregó.
“Este ya es el proceso en segunda instancia, por lo que ahora esperamos la sentencia y luego procederemos acorde a ella”, subrayó.
“SE RESPETARÁ EL
FALLO DE LA JUSTICIA”
Por su parte el doctor Sergio Rodríguez Heredia, quien representa a quienes ocupan el ex Astor, confirmó que “la sede interviniente no admitió las pruebas” presentadas por su parte, “entre ellas declaraciones testimoniales de (Carlos) Blanco Fadol y del propio intendente” Bertil Bentos referidas a la cancelación del proyecto de museo de música étnica del primero de los nombrados.
Rodríguez Heredia valoró también otros aspectos de la audiencia judicial. Dijo que uno de los temas diligenciados fue el relacionado con la inasistencia a la audiencia de primera instancia “que según mis clientes el abogado anterior no les había informado de la misma. Lo que resulta creíble pues pretendió justificar la inasistencia con certificado médico de uno de los actores pero que ese mismo día trabajó. Ese es un tema que se podría ventilar en otra causa que por responsabilidad civil profesional podrán movilizar los clientes si es su deseo, por la pérdida de la chance en el progreso del juicio”.
El abogado, asimismo, se refirió a un “segundo aspecto, relacionado con la no instalación del Museo. El desalojo se fundamentó en la donación modal. (cuya escritura no existe aún) que hace el MEC a la Intendencia”, dijo y aclaró que por donación modal quiere expresar “donación con condición. Aquí la condición es que se instale el museo de Blanco Fadol”.
Lo que resta ahora es “aguardar dicha instancia” de sentencia, pero dejó en claro Rodríguez Heredia que -aunque no forma parte de la causa judicial en modo alguno- “mis clientes no han recibido ninguna comunicación de la Intendencia en el marco de las conversaciones mantenidas con el fin de obtener alguna solución habitacional, considerando que no se trata de ‘ocupantes’, sino de personas que habitan de buena fe un inmueble desde hace más de 35 años en el caso de Lorenzo Fernández”.
El intendente Bertil Bentos recibió en audiencia a Diego Fernández, Katia González y Raquel Ríos el 27 de febrero pasado. En esa reunión Bentos escuchó, expresó su preocupación por el problema de la familia, pero no prometió entregarle otra vivienda. Rodríguez Heredia subrayó que “en cualquier caso obviamente la familia respetará el fallo de la justicia”, pero que “en el caso de que exista un pronunciamiento que confirme la sentencia de Primera Instancia se evaluará la posibilidad de entablar un recurso casatorio”, que es un recurso por el que solicita la revisión de la sentencia, amparándose en un error de derecho al juzgar (in iudicando) o en un error o vicio procesal que desnaturaliza la validez de la sentencia emitida (in procedendo).