Nacionales | 03 Ago La Presidencia de la República salió al cruce de un artículo de prensa, negando la información. En la víspera, el diario El Observador publicó el artículo “Tras baja de delitos, gobierno da pelea mediática por la seguridad”, donde se afirma que como parte de las medidas de seguridad que se vienen implementando, “el gobierno emitió un decreto que prohíbe emitir imágenes violentas en los informativos”.
El Poder Ejecutivo afirmó que no solo no ha emitido ningún decreto prohibiendo la emisión de ningún tipo de imágenes, sino que por el contrario, derogó disposiciones del año 1988 que habilitaban la censura previa en materia de contenidos. A inicios de junio el Poder Ejecutivo derogó los artículos 2 y 4 del decreto 445 de julio de 1988. Ese decreto, en su artículo 2, permitía que el Estado controlara algunos contenidos, previamente a su emisión por los medios de comunicación (lo que constituía un mecanismo de censura previa). En tanto el artículo 4 excluía a los programas deportivos, de contenido político y los informativos del horario de protección al menor.
La decisión de Mujica se basó en que en aquella norma del año 1988 se incluían disposiciones incompatibles con la libertad de expresión y los derechos de los niños y adolescentes, agregando que la democracia no admite la persistencia de normas que habilitan la censura previa. Presidencia agregó que ya existe una norma que impide la “exhibición o emisión pública de imágenes”, sea en programas informativos o no, que pueda “vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas” y ésta no fue aprobada por decreto ni por este gobierno, sino por los legisladores de todos los partidos políticos en 2004 a través de la ley 17.823 o Código de la Niñez y la Adolescencia.
Por otra parte, Presidencia informó que en los próximos días se dará a conocer la instalación de un comité técnico consultivo presidido por Unesco y Unicef y con integración de todos los actores involucrados, con el fin de recoger insumos, entre otros temas, para aprobar una reglamentación al Código de la Niñez y la Adolescencia acorde con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.
URUGUAY PRESIDIRÁ ÓRGANO ANTILAVADO
Uruguay fue electo para ejercer la presidencia de Gafisud en 2013. “Esto implica un reconocimiento al trabajo realizado desde 2005, que ha generado cambios muy importantes en Uruguay, en el compromiso con la lucha contra el lavado de activo y el blanqueo de capitales”, dijo Diego Cánepa, prosecretario de la Presidencia.
Carlos Díaz, actual secretario Nacional Antilavado, ocupará el cargo. Gafisud es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a los países de América del Sur para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, mediante el compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos problemas y la profundización de los mecanismos de cooperación entre los países miembros.
“Para Uruguay, el lavado de activos y blanqueo de capitales son temas claves, porque socavan la confiabilidad de todo el sistema en sí mismo, aunque para la opinión pública no sea perceptible”, reflexionó el prosecretario. Destacó que la designación implica el reconocimiento al trabajo que el país realiza desde 2005 en la temática, e implica muchos de los cambios legales realizados con la aprobación de algunas leyes en 2009.
Entre otros factores favorables que presenta el país, Cánepa mencionó la coordinación entre instituciones, el trabajo de Inteligencia y análisis financiero del Banco Central y del Ministerio de Economía y la coordinación de la Secretaría Nacional Antilavado que hace un seguimiento de investigación patrimonial y de delitos precedentes, como trata de personas y financiamiento al terrorismo.
“A pesar de que Uruguay ha mejorado enormemente sus estándares, tiene que seguir trabajando --reflexionó-- porque hoy con la seguridad jurídica y el crecimiento económico que tiene, debe seguir afinando la calidad de sus políticas de control sin que eso signifique generar una traba al normal flujo de los negocios”. En este sentido, comentó que las áreas más vulnerables en nuestro país, como en el resto del mundo, son la inmobiliaria y las transacciones “abultadas” que puedan generar dudas. Indicó que funciona muy bien un protocolo acordado con los escribanos en los casos de compraventas que superen ciertos niveles de dinero en efectivo.
VIOLACIÓN DE ESPACIO AÉREO ES “GRAVE”
La Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) considera que la “incursión” en territorio nacional de una aeronave del gobierno de Brasil pudo haber sido respondida con medios aéreos si las autoridades policiales hubieran informado a tiempo del incidente. Esto hubiera “activado los mecanismos de respuesta en defensa de la soberanía” en el espacio aéreo.
En el mes de junio, un helicóptero de la Policía Federal Rodoviaria de Brasil ingresó más de 20 kilómetros en territorio nacional en Paso la Puente, departamento de Rivera, sin autorización ni comunicación y volando a baja altura, para interceptar a un repartidor de una empresa de alimentos de Rivera, según denunció el senador colorado Tabaré Viera. El legislador afirmó que el hecho es “grave” y que la situación se complicó más aún debido a que los policías brasileños, armados, detuvieron al trabajador y revisaron ilegalmente su vehículo. Viera cursó un pedido de informes a los ministerios de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores para conocer detalles del incidente. La respuesta que envió Defensa al legislador, repara en sólo una de las cuatro preguntas del legislador, la relativa a cómo se controla la frontera terrestre y el espacio aéreo. En un informe elaborado por el director de Operaciones Aéreas de la FAU, coronel Rodolfo Pereyra, y suscripto por el comandante en jefe de la fuerza, general Washington Martínez, se explicó al senador colorado que la “incursión” no autorizada del helicóptero brasileño se realizó “a muy baja altura” y a aproximadamente 160 kilómetros del puesto donde está ubicado el radar fijo, en Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres. Si bien la aeronave estaba dentro del rango de alcance del radar tridimensional, que es de 324 kilómetros, no se detectó su presencia.
“Todo sensor posicionado sobre el terreno sufre un degradamiento natural de su alcance por el sólo efecto de la curvatura de la Tierra”, lo que significa que “a mayor distancia la altura mínima de detección tiende a incrementarse”, informó el coronel Pereyra, en tanto el general Martínez añadió en su escrito que en estas condiciones --distancia del radar y altura de vuelo-- “son mínimas las probabilidades de detección”.
Pero los informes oficiales agregan otros dos elementos. Uno de ellos es que Martínez sostuvo que “en caso de haberse producido en forma inmediata la comunicación del Ministerio del Interior” a la FAU, sobre el incidente, “se hubiese accionado con medios aéreos en respuesta a la incursión”. Y que por tratarse de una aeronave del Estado brasileño, la FAU sugirió a Relaciones Exteriores, a través de Defensa, que se enviara al vecino país una comunicación formal de protesta por el episodio.
ESCÁNERS NUEVOS PARA OCHO CÁRCELES
El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, presentó la nueva tecnología que se instalará en ocho cárceles. Se trata de catorce escáners nuevos: tres de cuerpo, ocho de metales y ocho de bultos. El Ministerio del Interior invirtió 696.601 dólares en estos aparatos. Dos de los tres body scan o escáners de cuerpo serán instalados en el Comcar y el restante en el Penal de Libertad, las cárceles más pobladas del país. Los escáners de metales y de bultos irán para estos dos centros penitenciarios y para cinco departamentales. En cuanto a los plazos, Mendoza aseguró que empezarán a funcionar “a la brevedad”, cuando culmine la capacitación de los agentes de la Guardia Republicana encargados de las revisorías en las cárceles. De todas maneras, no especificó ninguna fecha tentativa.