Opinion | 04 Ago Con justificado beneplácito se recibió en el seno del gobierno la buena nueva, el martes, de que la agencia calificadora de deuda Moody’s elevó la calificación de Uruguay y le otorgó el grado inversor, en una decisión que igualmente el presidente José Mujica no dudó en calificar de tardía, por cuanto entendió que a juzgar por el estado de las cuentas de la economía uruguaya, esta acreditación debió concretarse mucho antes, lo que se hubiera hecho en caso de que Uruguay hubiera sido un país grande.
Con la decisión de Moody’s, dos de las tres principales agencias calificadoras del mundo colocan a nuestro país entre las naciones con grado inversor, teniendo en cuenta que Standard and Pooor’s había adoptado la misma decisión en abril de este año.
Es así que a diez años de la mayor crisis económica que vivió el país –al menos en el último medio siglo--, Uruguay ha recuperado este grado inversor, no sin antes haber tenido reestructurar su deuda pública. A juicio de la calificadora Uruguay mejoró significativamente su perfil de endeudamiento y sus indicadores fiscales en estos últimos años y redujo su vulnerabilidad frente a eventuales shocks negativos de la región, que nunca pueden descartarse por supuesto, lo que explica que el gobierno en particular, y los operadores y los uruguayos en general recibamos esta calificación como un espaldarazo para la marcha y perspectivas del país.
Claro, siempre hay que ir despacito por las piedras y mucho más en la economía, donde hasta las situaciones en apariencia más sólidas –recordemos lo que ha pasado en Estados Unidos y en Europa últimamente-- pueden solo estar disimulando escenarios mucho más comprometidos, y basta que se concreten determinados hechos episódicos con expectativas negativas para que las burbujas se desinflen de un momento a otro, y del esplendor se pase al drama en menos de lo que canta un gallo.
Y si ello es valedero para las grandes economías, mucho más aún lo es para el caso de un país pequeño, vulnerable y dependiente como el Uruguay. Por lo tanto la calificación debe recibirse con la mesura del caso y mucho más que como una conquista, como un estímulo para tratar de consolidar una situación que todavía dista de ser estable, puesto que es altamente dependiente de los vaivenes de la economía mundial y en el caso de nuestras exportaciones, del valor de los commodities en el mercado internacional y la receptividad de los mercados.
Sobre todo Moody’s ha tenido en cuenta fundamentos macroeconómicos, que han mejorado significativamente en los últimos años respecto a los avatares que sufrimos cuando la crisis de 2002, pero igualmente siempre estamos ante una mejora relativa. Uruguay, tras el piso de la crisis, ha crecido auspiciosamente ya desde la administración Batlle, que entregó al ex presidente Tabaré Vázquez un país con sus cuentas fiscales muy mejoradas.
Pero en el marco de un crecimiento económico realmente fuerte y sostenido, las cuentas públicas no han mejorado lo suficiente en los últimos años, y tanto en la Administración Vázquez como en la de José Mujica nunca se ha pasado al super ávit fiscal, que debió haberse alcanzado y sostenido. Es así que mientras el Producto Bruto Interno del Uruguay en 2002 ascendía a 13.000 millones de dólares, hoy ese es el equivalente al gasto público del Estado, lo que muestra a las claras hasta dónde hemos “gastado” en políticas de relativo éxito. Igualmente es cierto que el actual PBI es mucho mayor que el de aquellos difíciles años y ronda los 46 mil millones de dólares, pero nunca pudimos equilibrar las cuentas mientras por la ventanilla del Estado entraba –y por suerte sigue entrando—un volumen de dinero excepcional producto de una de las mejores épocas para los productos de exportación del Uruguay.
De todas formas, también es cierto que se ha mejorado el perfil de vencimientos de la deuda pública, con un promedio de once años, con un descenso notorio del porcentaje respecto al Producto Bruto Interno que llega a menos de un cuarenta por ciento, además de evolucionar en su estructura, a lo que se agrega una menor dolarización de la deuda pública
Paralelamente, en cuanto a la región, hoy somos menos dependientes de la Argentina que hace una década, porque le exportamos solo un siete por ciento del total, es decir menos de la mitad del promedio, y a la vez hay menos depósitos bancarios de argentinos, al punto que no constituirían un factor desestabilizador del sistema.
En suma, estar mejor no significa estar blindados, y si bien es una presentación de alto valor para los potenciales inversores, debe tenerse presente que nuestros problemas estructurales no han sido solucionados, sino que siguen aguardando las reformas que ni siquiera se han iniciado, para consolidar un crecimiento sustentable.