Nacionales | 06 Ago La Cancillería argentina solicitó al gobierno uruguayo que le retire la inmunidad al embajador Francisco Bustillo para que declare ante la Justicia. Sin embargo, el gobierno transmitió total respaldo al embajador ante lo que se considera una “maniobra de distracción” y una campaña contra el diplomático.
En una nota titulada “Tres acciones judiciales para avanzar en el dragado del canal Martín García”, la Cancillería del vecino país solicitó que con el objetivo “de aclarar cualquier hecho incorrecto relacionado con el canal Martín García, Argentina reitera su pedido de que Uruguay responda afirmativamente el exhorto de la Justicia argentina, recibido en Uruguay el 4 de julio, solicitando la comparecencia del embajador Bustillo para declarar sobre las informaciones de prensa que lo involucran en supuestos intentos de la empresa uruguaya Riovía de corromper el proceso de dragado y profundización del Canal en cuestión”, publicó UNoticias.
Asimismo, le pidió a Uruguay que “suspenda la inmunidad diplomática del Embajador Bustillo en la causa por la importación indebida de automóviles extranjeros. El embajador Bustillo es el único diplomático involucrado cuyo país no ha otorgado el levantamiento de la inmunidad diplomática para que sea investigado por la Corte Suprema argentina luego de que el juez interviniente comprobó la participación del embajador Bustillo como así también la intermediación de firmas fantasmas y adulteración de documentación entre los vehículos pertenecientes al embajador Bustillo”.
Según la nota, “llama la atención que la razón esgrimida por el gobierno uruguayo sea, casualmente, que el embajador Bustillo preside la Comisión del Río de la Plata que tiene jurisdicción en el Canal Martín García. La actitud de la República del Uruguay contrasta con la actitud de las Repúblicas de Bolivia y Congo que ordenaron a sus diplomáticos a someterse a la Justicia argentina en la misma causa”.
Así, concluyó afirmando que Argentina “reitera el interés estratégico que tiene el dragado del canal Martín García”, por lo que “es importante que nuestro pedido haya sido tenido en cuenta y se hagan todas las presentaciones ante la Justicia que dará lugar para que pasemos de las meras palabras, rumores y suposiciones a los hechos concretos que no son otros que el dragado y profundización de la vía navegable”.
“Será una contribución importante para concluir cualquier demora que el Uruguay conteste el exhorto de la justicia argentina y, además, se permita a la Corte Suprema argentina juzgar el accionar del embajador Bustillo en la causa por contrabando en la que se encuentra involucrado”.
Ayer, tras una serie de reuniones y encuentros reservados, el gobierno transmitió total respaldo al embajador Bustillo. En este sentido, se entiende que el reclamo argentino para que el diplomático pierda la inmunidad y declare ante la Justicia “no tiene sustento”.
Según indicaron las fuentes consultadas por Unoticias, la causa “está archivada por la Suprema Corte de Justicia” de ese país. “El Tribunal vio todo, no solo las actas sino los informes reservados en los que Bustillo le relata en detalle las amenazas sufridas por funcionarios del gobierno argentino y el propio canciller Héctor Timerman, al ministro Luis Almagro”, indicaron las fuentes.
“La idea que nos queda es que se quiere la cabeza de Bustillo a cambio de destrabar las negociaciones por el canal Martín García” afirmó una alta fuente de gobierno. Por su parte, Bustillo se mostró “tranquilo” y expresó al portal que se trata “de una campaña en su contra”, confirmando que la causa por los autos, que le imputa argentina, “está archivada”.
RIOVÍA AMENAZA CON IR A TRIBUNAL INTERNACIONAL
Riovía, encargada del dragado del canal Martín García, está bajo sospecha por intento de soborno. Sin embargo, niega la versión del embajador Francisco Bustillo y anuncia que recurrirá a un tribunal internacional si la descalifican, informó El País Digital. “Somos un daño colateral del tiroteo entre dos países”, expresó la empresa en su defensa. La concesionaria es sospechosa de haber intentado sobornar a Bustillo, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), para lograr un nuevo contrato. El Tribunal de Cuentas, en la auditoría sobre el proceder de la CARP, investigó este presunto soborno y concluyó que las dilatorias de la delegación argentina favorecieron a la empresa para que se le prorrogara el contrato por 15.1 millones de dólares anuales.
Las dudas sobre Riovía motivaron que la Cancillería argentina resolviera excluirla del actual llamado a precios para otorgar las obras de dragado y mantenimiento del canal, decisión que no acompañó la Cancillería de Uruguay y motivó un fuerte diferendo.
Aunque hasta el momento Riovía se ha mantenido en silencio y no inició denuncias porque “no hay nadie que acuse”, fuentes de la empresa admitieron al portal que la situación es incómoda. Según la concesionaria, la reunión a la que hizo referencia Bustillo existió, aunque la situación fue diferente.
“Allí se planteó que se le había ofrecido a Argentina la posibilidad de embanderar una draga y financiar la obra. No se arregló nada. Se hizo eso para entusiasmar a Argentina, siempre quisieron que una empresa grande tenga una draga con matrícula argentina, incluso se habló de construir una draga en Argentina.
Era un esfuerzo de la empresa, se le daba un caramelito a Argentina para entusiasmarla con el dragado porque sabemos que siempre han sido reacios. Pedíamos que Uruguay empujara. Solo eso”, explicó la fuente de la empresa. Asimismo, fuentes de Riovia dejaron claro a El País que harán valer sus derechos porque “no hay razones para ser retirados del proceso”. “La CARP debe abrir las ofertas y elegir la mejor. Lo que no puede haber es una descalificación a priori de Boskalis por las sospechas, las versiones. La empresa precalificó correctamente y no hay ninguna imputación concreta, solo trascendidos que han sido desmentidos por los propios protagonistas. Si la oferta se declara inadmisible -según lo planteado por Argentina- la empresa va a impugnar el acto y si se reitera recurrirá a un tribunal internacional, tal como lo prevé la licitación”, dijo la fuente.
OCUPAN CENTROS DE SALUD EN EL INTERIOR
Luego de ocupar dos centros de salud de Montevideo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) profundizará el conflicto esta semana y anunciaron la ocupación de hospitales en el Interior, informó El País Digital. En este sentido, hoy ocuparán el Hospital “Alejandro Bardier”, de la ciudad de Dolores (Soriano).
Los trabajadores comenzaron el miércoles pasado una serie de movilizaciones contra el gobierno por la Rendición de Cuentas. El gremio reclama la contratación de más personal, más seguridad y una mejor gestión de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE).
En esta línea, el secretario general de la FFSP, Pablo Cabrera, anunció que esta semana van a ocupar centros de salud del Interior, aunque no precisó en qué departamentos. Sin embargo, sí expresó que se ocuparán hospitales en Soriano y que habrá corte de rutas nacionales para expresar los reclamos.
La semana pasada el Ministerio de Salud Pública (MSP) y ASSE presentaron a los trabajadores una propuesta concreta para destrabar el conflicto. El documento constaba de ocho puntos que abarcaban desde mejoras salariales hasta la reestructura del trabajo en los blocks quirúrgicos y en los Centros de Terapia Intensiva (CTI). No obstante, para el gremio no fue suficiente ya que, según Cabrera, no se detiene en el “tema central” que es la falta de personal. “Se tiene que empezar a ahorrar en gastos a las empresas tercerizadas e invertir en recursos humanos genuinos”, dijo, en tanto los funcionarios entregaron una contrapropuesta al gobierno con estos reclamos. El ministro de Salud, Jorge Venegas, dijo el viernes que la analizarán en estos días y que no descarta decretar la esencialidad de los servicios.