Opinion | 01 Ago La controversia derivada en guerra de comunicados entre las cancillerías uruguaya y argentina por el affaire del dragado del Canal Martín García se inscribe en una escalada de desencuentros que si bien tienen su fundamento en las tradicionales maniobras del gobierno de la vecina orilla, para seguir dándole largas a los trabajos de profundización de un canal que es vital para el Uruguay, también tiene su cuota parte en la evidente falta de profesionalidad del ministerio de este lado del río para manejar la delicada y siempre imprevisible relación con los vecinos.
En la jornada anterior se estaba desarrollando la cumbre del Mercosur para darle entrada a Venezuela y así oficializar el atropello jurídico –otro más, por cierto— por el que se suspendió a Paraguay y automáticamente se habilitó la entrada del país caribeño.
Pero todo indica que al fin de cuentas el dragado del canal Martín García dependerá de la voluntad de la presidente argentina Cristina Fernández, luego que su Cancillería trabara el proceso al excluir a la empresa Riovia como consecuencia del entredicho.
Por cierto que en el Poder Ejecutivo y especialmente en la Cancillería, se manifiesta desazón y molestia con el accionar del gobierno de Cristina Fernández respecto a este tema, ya que se considera que dilata el inicio de las obras de dragado.
El lunes se reunió la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) en Buenos Aires, para recibir las cuatro propuestas para el mantenimiento del dragado del canal, en tanto se concreta la postergada licitación para su profundización. Las dos delegaciones recibieron las cuatro propuestas --de las empresas ya precalificadas--, pero la parte argentina dejó constancia en actas que Riovia “ha perdido la condición de empresa precalificada por impedimentos a ser participante”, por lo cual debe “ser declarada inadmisible al momento de la evaluación de las ofertas”.
Ocurre que Riovia --actualmente encargada del mantenimiento del canal-- está bajo sospecha de intento de soborno al presidente de la delegación uruguaya ante la CARP, Francisco Bustillo, y todo indica que apelará y llevará el tema a los estrados judiciales, en un proceso que puede llevar años.
Para la delegación uruguaya, la objeción argentina logrará “frenar todo el proceso” y generará un procedimiento “poco serio”. Un temor que trascendió tras la entrega de las oferta, radica en que al dejar afuera a la empresa Boskalis International BV, que representa a Riovia en la licitación, se expone a la CARP a un litigio judicial “difícil de ganar”.
De la parálisis en la que se encuentra la profundización del dragado tras la decisión de Argentina de excluir a Riovia de cualquier llamado referido al Martín García y el rechazo de Uruguay por considerarla una medida unilateral y contraria a Derecho, solo puede salirse con decisiones políticas de los presidentes, sostienen en el Poder Ejecutivo.
Sin dudas que la postura del gobierno argentino es la de seguir tratándonos como si fuéramos una provincia más de su país, a la que es posible llamar al orden cada vez que así se lo considere mediante las mismas medidas que suele aplicar para encauzar a sus provincias díscolas, y fue así que durante años no tuvo ningún problema en apoyar el bloqueo de los puentes, violando sistemáticamente el acuerdo del Mercosur. En el caso del dragado está claro que no tiene interés en que se concrete, puesto que hacerlo fomentaría al puerto de Nueva Palmira que compite con los puertos argentinos del Paraná, a los que se llega a través del canal Mitre. Tan solo ese motivo alcanza para suponer que nunca habrá acuerdos para dragar Martín García a Uruguay le va la vida en llevar a 34 pies este paso para tener mejores perspectivas para la salida de la producción a plena carga desde Nueva Palmira. El último capítulo del novelón del gobierno de la Administración Kirchner es la de “hacerse el ofendido” y enojado ante el dictamen del Tribunal de Cuentas uruguayo que constató dudas en el proceso licitatorio, y por lo tanto ha trabado todo hasta que el Uruguay revea su posición y diga que se da por satisfecho por lo actuado.
No parece lógico seguir mendigando favores a la Argentina cuando están en juego los intereses de nuestro país. Si Argentina no quiere cumplir su parte con la excusa que fuere, Uruguay debería calzar pantalones largos y hacer lo que tenga que hacer por su cuenta. Será cuestión del Estado priorizar los gastos para obtener los recursos que se necesiten, entre los miles de millones de dólares que se dilapidan en programas fracasados. Respecto a las represalias del vecino país, difícilmente nos puedan hacer más daño del que ya nos han infligido, con cortes de puentes, bloqueos a productos de exportación, denuncias en la OCDE que nos puso en la lista gris, etcétera. Los argumentos de que hay que defender el trabajo de los uruguayos y por eso aceptamos cualquier cosa de la “señora” –a decir del presidente Mujica-- Cristina Fernández, no tienen cabida, cuando por ejemplo el turismo que llega al Uruguay no es precisamente porque goce del visto bueno del gobierno argentino, mientras que las exportaciones que hacia ese país están tan trancadas como pueden estar. ¿Hasta cuándo seguiremos haciendo lo que nos dictan los “grandes” del Mercosur?