Nacionales | 05 Ago UPM (ex Botnia) volvió a generar tensión entre Argentina y Uruguay, cuando aún no están totalmente resueltas las diferencias diplomáticas de las últimas semanas. Al caso de las presuntas irregularidades en el mantenimiento del canal Martín García, a cargo de la empresa Riovía, ayer se añadió una nueva carta de la Cancillería argentina a su par uruguaya. Aunque esta vez manifestando una queja porque entiende que la producción de la planta de celulosa supera la permitida por el fallo de la Corte Internacional de La Haya.
Según informa el portal del diario argentino Página 12, el máximo permitido es de un millón de toneladas al año y superar esa cantidad supondría violar los acuerdos bilaterales y del Estatuto del Río Uruguay. En la carta, firmada por el canciller argentino Héctor Timerman, se afirma que ese límite viene siendo superado desde que la planta está operativa.
“Entre noviembre de 2008 y noviembre de 2009 lo superó en 50.597 toneladas; al otro año lo hizo en 97.407 toneladas, en tanto que entre noviembre de 2010 y octubre de 2011 se excedió en 98.855 toneladas”, expresa Argentina en su cara, de acuerdo a Página 12. Al respecto, Argentina entiende que este supuesto exceso de producción deriva en una “mayor cantidad de sustancias y energía” volcadas al río.
JUSTICIA PIDIÓ
ACTAS DE LA CARP
La Justicia en Crimen Organizado ya pidió a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) las actas de las reuniones del grupo binacional, que fueron catalogadas de reservadas, para investigar si existieron irregularidades en la licitación por el dragado del canal Martín García, dijeron a El Observador fuentes judiciales.
El juez Néstor Valetti solicitó por exhorto a Argentina esa documentación, ya que las oficinas están en Buenos Aires. Según informó Brecha, el fiscal Juan Gómez pidió iniciar la investigación por la denuncia que presentó el abogado Gustavo Salle. La Justicia busca descubrir si en las actas quedó registrado el pedido de coima al presidente de la delegación uruguaya de la CARP, Francisco Bustillo, para que favoreciera a la empresa Riovía que desde 1996 draga y mantiene el canal Martín García. La denuncia de Salle estuvo motivada por la nota de El Observador que informó del intento de coima el pasado 5 de mayo.
Asimismo, Brecha informó que el canciller Luis Almagro decidió enviar los antecedentes del caso Riovía a la Justicia. Almagro está dispuesto a enviar un pedido para levantar el secreto bancario de los pagos hechos por la firma argentina a personas y sociedades de ambos países. Según dijo, el informe del Tribunal de Cuentas de la República, que planteó dudas acerca de la regularidad de los procedimientos, deja abierta la posibilidad de tomar medidas legales. “Esto significa que puede ser una investigación administrativa; es muy difícil, en estos términos, hacer una denuncia, de acuerdo a lo que señalé antes”, afirmó.
Sin embargo, afirmó que le interesa “seguir profundizando en el tema”. “Es porque soy porfiado y cabezón. Pero en este sentido, con estos argumentos y con los informes de la cancillería, no tengo los elementos necesarios para hacerlo”, concluyó Almagro.
Por su parte, la Justicia argentina pidió al canciller Almagro, al subsecretario Roberto Conde, Bustillo y el embajador itinerante Julio Baráibar, que declaren en la investigación que lleva a cabo ese país por el intento de coima.
ANCAP Y PDVSA FIRMARON ACUERDO
El ministro de Energía de Venezuela y presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Rafael Ramírez, y el presidente de Ancap, Raúl Sendic, firmaron ayer un acuerdo por el que se cancela anticipadamente la deuda que el ente mantiene con Pdvsa por la compra de petróleo, publicó El País Digital.
La cifra de dicha deuda alcanza los 860 millones de dólares, sin embargo, el mecanismo por el cual se cancela la deuda implica la compra de bonos de deuda que emitió Pdvsa a valor de mercado. Así, Ancap terminaría pagando una cifra menor a la mencionada, que se conocerá cuando la operación de compra de bonos de deuda se concrete, lo que se estima que suceda dentro de entre 15 y 20 días.
En otro orden, se firmó otro acuerdo por el cual Pdvsa pasará a tener una participación del 25% en Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR). Hasta ahora, la petrolera venezolana poseía el 10% de las acciones.
FONDO DE INDUSTRIA PROMOVIÓ PROYECTOS
La Dirección Nacional de Industrias apoyó, por intermedio del Fondo Industrial, a 58 proyectos por un total de 1,6 millones de dólares, en su primer año de ejecución. Este impulso permitió que, junto a la inversión de las empresas, se alcanzara una cifra de inversión de 4 millones, según destaca el informe de ejecución del organismo que comprende el segundo semestre del 2011 y el primero del 2012.
El Fondo Industrial es una innovación de la Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería para apoyar el desarrollo de la producción, publicó Presidencia. Comenzó a instrumentarse en el segundo semestre del año pasado y, a junio de este año, la cantidad de proyectos aprobados suman 58. Estos se dividen en cuatro grandes sectores: motores de crecimiento (metalmecánica, madera, papel y muebles y naval); cadenas de valor intensivas en innovación (sector farmacéutico, el electro-electrónica y el audiovisual); industria primaria (sector biotecnológico, nanotecnológico, aplicaciones en los procesos productivos e industria química); y cadenas de valor que se designan como intensivas en mano de obra (área automotriz y autopartes, plástico, calzado de cuero y marroquinería, minería).