Opinion | 03 Ago En breve, según lo anunciado por el propio mandatario, el presidente José Mujica habrá de salir a todo el país, para tratar de convencer a los uruguayos de todos los partidos sobre la conveniencia de aprobar un proyecto de ley de legalización de la marihuana, incluyendo la producción y venta por el propio Estado, con registro de consumidores, para contrarrestar el narcotráfico, según su especial visión de la realidad en la materia.
Por cierto que tiene una percepción muy distinta a la que de la mayoría de los uruguayos, quienes prácticamente en sus tres cuartas partes no apoyan la legalización de esta o cualquier droga de que se trate, y esta es una visión que está más allá de los partidos, porque los atraviesa transversalmente, aunque en el caso del partido de gobierno hay un nivel relativo de aceptación de la propuesta algo mayor.
Pero a la vez en el gobierno se ha incrustado otro tema controvertido, que tiene el común denominador con el anterior de cortar transversalmente la opinión pública, por cuanto hay opiniones distintas en dirigentes de cada partido y en los propios adherentes de las colectividades políticas, como es el caso de la legalización parcial del aborto, apostando, como en el caso anterior, al mal menor.
La diferencia entre ambos proyectos radica en que mientras la legalización de la marihuana es resistida a ultranza por la opinión pública, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo el escenario es muy distinto, y según recientes encuestas, hay decididamente una mayoría de los uruguayos que está de acuerdo con que la mujer o la pareja pueda decidir la interrupción del embarazo en los primeras semanas de gestación, en determinadas circunstancias y con el debido asesoramiento tanto desde el punto de vista médico como en apoyo sicológico.
En el gobierno anterior, pese a que el Parlamento aprobó por mayoría el proyecto de ley sobre el mismo tema, el presidente Tabaré Vázquez hizo uso de la facultad constitucional del veto y por lo tanto consideró que más allá de las mayorías, su opinión estaba por encima de la del cuerpo parlamentario, y enterró el proyecto que ha sido presentado ahora por los legisladores del oficialismo durante la Administración Mujica.
Luego de una trabajosa negociación –porque hubo algún legislador oficialista reticente a suscribir esta iniciativa--, se ha llegado a un acuerdo con el diputado del Partido Independiente Iván Posada en torno a un proyecto que recoge determinados planteos y condiciones establecidas por el legislador para eventualmente llegar a la instancia de la interrupción del embarazo, tras la participación de consejeros y asesores para asistir a la madre y la pareja.
Un tema por cierto controvertido como el que más, en cuyo tratamiento se generará un acalorado debate, con muy respetables posiciones tanto desde el punto de vista filosófico como médico, religioso y moral. Si bien el tratamiento parlamentario ha marcado perfiles muy definidos entre los partidos, como consecuencia de alineamientos propios de la vida política, en su esencia toca la fibra de cada legislador, como a su vez lo hace también con toda la sociedad, y ello significa que los partidos, cuando adoptan posiciones monolíticas, se expongan a no contar con el respaldo de muchos de sus votantes que evidentemente no se sentirán representados por el voto que finalmente tengan sus parlamentarios.
El problema es que en esta iniciativa, como en tantas otras, se ha manifestado el simplismo de poner las cosas en blanco y negro, como si se tratase de estar “a favor o en contra” de la vida.
El principal argumento para evitar el debate es que el embarazo indeseado debió evitarse antes, con prevención, planificación y educación, en cuyo caso no habría necesidad de llegar a la disyuntiva “aborto sí, aborto no”.
Estamos además ante el absurdo que conlleva la normativa que está vigente desde hace décadas, que penaliza el aborto para quien efectúa la intervención y para quien se la practica, lo que provoca que nadie denuncie el caso para evitar autoincriminarse.
El hecho solo salta a la luz cuando se llega a una situación traumática, incluso con la muerte de la embarazada, en general mujeres muy jóvenes de bajos recursos que no pueden pagar un aborto “seguro”. Sin embargo quienes tienen el dinero suficiente siempre encuentran la forma de llegar a alguna “clínica” que prácticamente sin riesgos, produzca la interrupción del embarazo. Se trata entonces no solo de un problema social, donde a pesar de que la práctica es ilegal en Uruguay se producen más de 30.000 abortos al año, sino también una gran injusticia cuando las que más sufren son las de menores recursos.
No hay posibilidad de legislar con equilibrio sobre estos aspectos controvertidos. Lo que sí puede y debe hacerse es promover con énfasis la educación inherente a la salud sexual y reproductiva, para combatir por todos los medios las causas que llevan al embarazo no deseado.
Y fundamentalmente, platear un debate nacional serio y llegado el momento debería buscarse la forma de legitimar la ley que se sanciona mediante plebiscito popular, para que la sociedad sea consultada y con su pronunciamiento inapelable –por lo menos así debería considerarse-- determine como deben procesarse valores tan caros para el ciudadano.