Opinion | 07 Ago Una reciente encuesta indica que prácticamente el 90 por ciento de los uruguayos aprueba la política antitabaco llevada delante desde la presidencia de Tabaré Vázquez y que fuera continuada por la Administración de José Mujica, en lo que constituye uno de los respaldos sociales más importantes a una ley en nuestro país, y un ejemplo mundial sobre cómo una sociedad se “empodera” de una norma para hacerla suya y velar por su control.
Por cierto que en un país donde se suele creer que solo con legislar se llega a su solución, sin luego controlar que efectivamente sea así y que siquiera se aplique la normativa, donde muchas veces incluso se legisla pour la galerie porque se sabe que en la práctica no va a pasar nada, es todo un hito que la población acompañe de la forma en que lo está haciendo la ley antitabaco, e incluso con un muy buen cumplimiento –nunca se va a llegar a un 100 por ciento-- de los propios fumadores, con las excepciones que confirman la regla.
Otros números de la encuesta van en el mismo sentido: el número de fumadores sigue bajando en Uruguay, con datos que indican que hoy fuma el 20 por ciento de las personas mayores de 16 años, lo que significa un tercio menos que tres años atrás, en tanto un 28 por ciento fumó y dejó, de los cuales la mayoría lo hicieron durante más de cinco años, a la vez que el siete por ciento dejó en estos últimos años. En agosto de 2008, según esta encuesta del Ministerio de Salud Pública, fumaba el 30 por ciento y el 24 por ciento había dejado.
Hay todavía algunos puntos débiles en la política, porque el porcentaje de las mujeres fumadoras ha aumentado respecto a los hombres, lo que explica que se haya incrementado el porcentaje de cáncer de pulmón femenino, entre otras afecciones directamente relacionadas con el consumo de tabaco y además es todavía alto el consumo entre los jóvenes, con un 31 por ciento, aunque igualmente es una reducción respecto a la medición anterior, cuando se había constatado que lo hacía un 36 por ciento.
En todos los casos se trata de cifras alentadoras para Uruguay, porque se ha instalado una suerte de vigilancia social y un respaldo masivo a la medida, cuando además nuestra idiosincrasia suele ser contraria a estas restricciones y muchas veces las leyes de este tipo quedan en la letra muerta. Evidentemente, en mayor o menor medida todos conocemos cuáles son los riesgos del tabaquismo y no queremos para nuestros seres queridos este pernicioso hábito, pero sobre todo, hemos asumido que debe respetarse el derecho de cada uno a no ser afectado por quienes fuman en espacios cerrados y contaminan el aire que respiramos, además de impregnar nuestra ropa con humo que no queremos dentro ni fuera de nuestros pulmones.
En esta política deben atribuirse los méritos, pese a conocer los riesgos de chocar contra la idiosincrasia permisiva e irreflexiva de los uruguayos, gobierno que presidió Tabaré Vázquez, sin duda, que tuvo una actitud decidida, supo acompañar el verbo con la acción y sobre todo, incorporar elementos técnicos a la norma que la hicieran compartible y aplicable en cuanto a sus fundamentos y objetivos.
Los uruguayos hemos ganado en calidad de vida en estos años y además seguramente muchas vidas se han salvado por la aplicación de la norma, pero sobre todo ganado mucho más en educación y formación para las actuales y futuras generaciones, cuando todo indica que habrá cada vez menos fumadores y por ende también menor morbimortalidad como consecuencia de las graves afecciones que provoca el consumo de tabaco.
Por su lado, el gobierno de Mujica ha transitado por la vereda de enfrente del sentir ciudadano con sus idas y venidas respecto a la legalización de la marihuana, y aunque la misión de todo gobernante puede llevarlo muchas veces a ir contra el sentir popular, para adoptar medidas antipáticas que puedan resultar chocantes en primera instancia, pero en aras de un objetivo que redundará luego en beneficio del interés general, es notorio que en este caso difícilmente pueda convencer al ciudadano sobre un tema que genera rechazo porque va precisamente en el sentido contrario que el combate del tabaquismo.
Y de ello debería tomar nota el mandatario y su equipo de gobierno, que insiste en enviar un proyecto de ley al Parlamento para despenalizar la producción de marihuana, controlar su venta y crear un registro de consumidores problemáticos para disponer posteriormente su tratamiento médico.
Ninguna experiencia o evidencia científica, estudio y siquiera un mínimo de sentido común respalda la idea presidencial y de algunos de sus asesores, que lo hicieron por cuenta propia y sin consultar a ningún profesional o equipo vinculado a esta problemática.
Es decir que se trata de una “inspiración” de corte mesiánico, muy loable en su intención, naturalmente, pero que es precisamente la antítesis de lo que debe esperarse de un gobernante, y menos aún en cuanto al mensaje implícito a los jóvenes de que al fin de cuentas hay luz verde para consumir marihuana, porque no hace “tanto” daño y hasta es deseable hacerlo para ser un joven pleno y “liberado”.