Justicia ordenó nueva investigación

Policiales | 06 Ago Transfusiones de sangre, plasma y vitamina K le fueron suministradas a la bebé de ocho meses en cuya sangre se hallaron rastros de droga y raticida, en tanto la investigación judicial, a cargo de la jueza penal de Segundo Turno, Karen Ramos, dio un nuevo giro ya que ordenó al Centro de Intoxicación y Atención Toxicológica que remita un informe de los estudios practicados a la bebé a fin de determinar “la causa de la patología que presenta y si la misma puede haberse generado por el suministro de alguna sustancia tóxica específica”. También dispuso que se practique a la pequeña un informe médico forense definitivo, según un documento de carácter público que recoge las actuaciones judiciales, al que tuvo acceso EL TELEGRAFO.
La presencia de sustancias tóxicas en la sangre de la bebé surgió de un informe, fechado el 27 de julio, presentado ante la Justicia y suscrito por el jefe del servicio de Pediatría del Hospital Escuela del Litoral. En ese informe se da cuenta de la situación de una bebé que ingresó con un “cuadro de shock hemorrágico agudo por sangrado de la cavidad oral y trastorno severo de la coagulación que precisó transfusión urgente de sangrado y plasma e internación en CTI pediátrico”. Según el mismo informe, a su egreso del CTI “se constató una alteración adquirida de la coagulación que sugiere la presencia en sangre de una sustancia tóxica que habría causado ese severo trastorno”. Asimismo, como la madre de la bebé presentaba una neumopatía aguda, se le practicó un examen que constató la presencia de cocaína en orina. El jefe del citado servicio y otro facultativo sostuvieron en la sede judicial que el estado de salud de la bebé era “gravísimo”.
La dejaron sola
Por otra parte, según afirmó también el mismo profesional ante la Justicia, al día siguiente del ingreso de la bebé, cuando él llegó a cumplir su guardia, no había ningún familiar para recibir el informe de CTI y que cuando --recién a la hora 16-- llegó el padre, se le explicó la gravedad del cuadro y se lo interrogó respecto a lo que pudo haberlo provocado, dijo que “desconocía qué pudo haberle sucedido a la bebé y afirmó que no sabía dónde estaba la madre”.
El informe del jefe del servicio advirtió además sobre una “fuerte negligencia” en el cuidado de la bebé, así como la ausencia de “controles de salud, vacunación correcta, desnutrición crónica y elementos clínicos de retardo en la adquisición psicomotora que podrían estar relacionados con falta de estímulo y de privación psico-afectiva”. A la vez, en su declaración en la sede judicial, el médico corroboró y amplió su informe, afirmando que “se notaba en la bebé una desnutrición crónica, ausencia de control desde los tres meses y una sola vacuna recibida”.
La madre “se
encogió de hombros”
Cuando la Justicia interrogó a la madre de la niña respecto a la ausencia de control pediátrico, se limitó a responder: “nada, mi esposo me decía que la llevara, pero yo no”, encogiéndose de hombros. Por otra parte, la licenciada en Trabajo Social del hospital informó a la sede judicial que familia de la bebé “es una familia de riesgo, dado que se han suscitado hechos de violencia en el seno del hogar y consumo de estupefacientes, lo que genera un peligro de vida”.
Añadió que la familia vivía “en condiciones muy precarias; en una vivienda de una pieza en terreno municipal, sin agua corriente ni luz eléctrica. El núcleo familiar estaba integrado por la pareja y tres hijos menores de edad y su único sustento provenía de las changas que realizaba el padre”.
Por su parte, el Centro de Estudios y Diagnósticos de INAU Paysandú informó a la sede actuante que la familia “nunca realizó trámites para la obtención de canastas ni otros beneficios”, en tanto desde el Centro CAIF se llevaron adelante gestiones con el Departamento de Promoción Social de la Intendencia para obtener asistencia, sin muestras de interés de los padres de la niña. Luego del procesamiento con prisión de los padres de la menor por un delito de omisión de deberes inherentes a la Patria Potestad, la Justicia pretende ahora saber en qué momento y de qué forma se intoxicó la sangre de la bebé, por lo que se envió el oficio referido inicialmente al Centro de Intoxicación y Atención Toxicológica. Se ordenó un examen forense definitivo a la bebé, así como también, en complemento, fueron remitidos oficios al Mides y al BPS a efectos de que informen a la sede si la familia tramitó los beneficios correspondientes en tales instituciones.