Opinion | 11 Ago A poco más de cincuenta días de los anuncios realizados en rueda de ministros sobre la “removedora” idea de un proyecto de ley para combatir la pasta base a través de la legalización de la venta de marihuana con monopolio del Estado, dando lugar a una gran polémica en todo el país, el Poder Ejecutivo ha remitido al Parlamento un proyecto de ley que era de esperar incluiría la propuesta del gobierno sobre el tema.
Es decir que en teoría debía tratarse de un paquete con un planteo concreto sobre el particular, producto de la conciliación de puntos de vista e ideas expuestas por los ministros en esa oportunidad, por lo que se pretendía que Uruguay marcara punta en el contexto internacional en el combate de la drogadicción.
Empero, el proyecto de referencia se limita a un solo artículo, con una amplia exposición de motivos sobre la problemática de la droga en la óptica del gobierno y consecuentemente de las razones que han llevado a que se pretenda legislar innovadoramente en la materia.
Ocurre que la propuesta es solo un inmenso vacío a llenar por los legisladores, pero dejando finalmente en manos del propio Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación posterior de la ley, el decidir a través de un decreto lo que debió enviar a la consideración parlamentaria, lo que implica lisa y llanamente una reversión del ordenamiento institucional en cuanto a la separación de los poderes del Estado.
Es pertinente por lo tanto evaluar en todos sus connotaciones la iniciativa, que consta de un solo artículo y trece páginas de exposición de motivos, en donde escasean o directamente no hay explicación de la forma en que será implementado el futuro sistema de comercialización del cannabis.
Es así que la iniciativa propugna la “normalización e inclusión plena” del uso de la marihuana “de forma que los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos y con la sociedad toda” en planes educativos.
Incluso el planteo de los fundamentos de la norma indica que Uruguay mediante la ley y su reglamentación tiene la gran expectativa de triunfar sobre los fracasos en todo el mundo de las políticas antidrogas, al considerar en este proyecto que “las políticas prohibicionistas desarrolladas en el mundo entero a lo largo de los últimos cincuenta años han mostrado no solo ser probadamente ineficaces para reducir los riesgos y daños individuales y sociales de los consumos de las sustancias sicoactivas, sino además haber agravado exponencialmente los daños, ya sea en el campo de lo sanitario, lo social, legal y económico, generando negocios ilegales multimillonarios y niveles de violencia sistémica nunca vistos antes “.
Incluso menciona que “en nuestro país la marihuana es desde hace muchos años la sustancia ilegal más consumida, teniendo un importante nivel de legitimidad en la sociedad uruguaya. Esta sustancia, cuya capacidad para generar dependencia física y sicológica es de leve a moderada, se diferencia claramente en sus riesgos de otro conjunto de drogas cuyo potencial toxicológico y adictivo es mucho mayor. Entre ellas encontramos a la pasta base de cocaína, el alcohol, el tabaco y a los sicofármacos”.
Más allá de que respecto a estas consideraciones está en desacuerdo la gran mayoría de los equipos técnicos que trabajan en el combate de las drogadicciones, incluso de la “blanda” marihuana cuyos efectos se pretende minimizar, es indudable que la forma en que se plantea el proyecto de ley es demasiado improvisada, como todo el planteo sobre el tema que se ha hecho hasta el momento. Si bien la argumentación del proyecto de ley puede ser entendida, las interrogantes que plantea tal iniciativa son mayores que las posibles soluciones que pretende dar la ley.
Y decimos “posibles” porque estas respuestas no están dadas en la ley, como señalábamos, sino que queda un vacío para una amplia discusión en el Parlamento y posterior reglamentación en la que el Poder Ejecutivo al fin de cuentas impondrá sus puntos de vista sobre el particular, lo que aparece como un cheque en blanco para que un decreto pueda más que una ley, nada menos.
Por otra parte creemos importante, fundamental diríamos, plantear un gran debate nacional abierto, franco y lo más posible desprejuiciado sobre las ventajas, desventajas, consecuencias negativas o positivas que pueda tener legalizar la venta de esta droga. Pero lo que está haciendo el gobierno es primero “legalizarla” para luego legitimar la decisión ya tomada a través de una posterior discusión parlamentaria.
Claramente estamos ante un fin loable a través de medios que están muy lejos de ser los más aconsejables, empezando por hacer en los hechos una apología de la marihuana y poniéndola como una sustancia inocua, como mensaje subliminal a los jóvenes despistados para que “se pasen” a esta droga o empiecen a consumirla.
Además, se propone que el ineficiente Estado, el que no es siquiera capaz de controlar la venta de alcohol a menores, se haga cargo de la venta y de asegurar (¿?) el suministro a precios accesibles, mediante cultivo de la marihuana en predios militares. Son cosas que habrá que tener en cuenta.