Locales | 13 Ago Duros cuestionamientos al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) hicieron los intendentes en la última sesión ordinaria del Congreso de Intendentes, al considerar “una injerencia a las potestades que nos otorga la Constitución”. Y le reiterarán a José Mujica, a la Oficina de Presupuesto y Planeamiento y al Senado un memorándum que ya habían entregado criticando la decisión del gobierno de centralizar en una oficina técnica (cuyos integrantes serán exclusivamente elegidos por el Poder Ejecutivo y responderán a sus directivas) la aprobación de las inversiones planificadas a nivel departamental.
Curiosamente, intendentes de todos los sectores políticos criticaron la decisión del gobierno, incluida la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Todos fueron contestes en subrayar que si ese plan se concreta, a través de la Rendición de Cuentas --ya cuenta con la aprobación de Diputados-- aumentará el centralismo del Poder Ejecutivo.
Carlos Enciso, intendente de Florida, aseguró que “no estamos en contra de la creación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Sí que los recursos departamentales sean monitoreados o autorizados por la OPP cuando la autonomía departamental es clara”.
Los artículos 17, 18 y 19 de la Rendición de Cuentas crean el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) con “el objeto de ordenar y orientar el proceso de inversión pública en el país, a fin de optimizar la asignación de recursos públicos con ajuste a las políticas sectoriales diseñadas por el Poder Ejecutivo”.
Bajo la supervisión del SNIP (artículo 19 de la Rendición de Cuentas) se encontrarán los organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional; los entes autónomos y servicios descentralizados; los gobiernos departamentales; las personas de derecho público no estatales; las sociedades de economías mixtas y las entidades privadas de propiedad estatal.
Gabriel Frugoni, director de la OPP, explicó al Congreso de Intendentes en una nota enviada a la sesión del jueves pasado que “con relación al artículo 18 (que crea el SNIP), se entiende que, tal como está redactado, puede lesionar el sistema de las autonomías constitucionales de que gozan los gobiernos departamentales, en cuanto apunta al fin de ajuste de las opciones de inversión de dichos gobiernos a las políticas diseñadas por el Ejecutivo”.
Pero los intendentes fueron más allá y aseguraron que no resulta claro en el articulado de la Rendición de Cuentas el concepto de inversión pública que se maneja en el proyecto y entienden que se refiere a todas las obras públicas de cada departamento, dejando a los jerarcas comunales sin la capacidad de reacción que les asegura la Constitución y que le otorgó además el voto de la ciudadanía.
PARTIDAS CONSTITUCIONALES
La Mesa informó al plenario que, en acuerdo con el artículo 214, a través de la Sectorial de Descentralización, el monto total de partidas presupuestales para el año 2012 será de 7.300 millones de pesos, de las cuales se han cumplido 5.733. Los restantes 1.567 millones de pesos quedarán pendientes de cobro para 2013. No obstante, los intendentes decidieron solicitar al Poder Ejecutivo adicionar partidas complementarias por 600 millones de pesos entre setiembre y diciembre, a cuenta de las partidas 2013.
SUBSIDIO SERá
POR CONSUMO MEDIDO
Los intendentes también se mostraron “sorprendidos” porque el acuerdo con UTE y el Poder Ejecutivo, que permitirá el subsidio de hasta el 60% del consumo por alumbrado público se hará tomando en cuenta el consumo medido. Como se sabe hay intendencias que aún no tienen el sistema controlado por contadores de consumo, por lo que utilizan otros sistemas, los que no serán contemplados en el acuerdo.
Los intendentes destacaron que durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el acuerdo no se basó en la forma de consumo sino en que se trataba de un asunto de seguridad pública. “Las intendencias demostramos voluntad de pago. Otra cosa sería si no quisiéramos pagar. Y podríamos dejar de pagar y ver cómo hace UTE para cortarle la energía eléctrica a toda una ciudad o un departamento”, dijo el presidente del Congreso, Omar Lafluf. “Pero esa no es la situación; entonces hay que pedir que se vuelva a la posición original”. Inicialmente, el subsidio será del 40% para las cinco intendencias que se encuentran al día y el 30% para las que tienen deudas o convenio de pago.
El comienzo del pago del subsidio podría comenzar este mes o en setiembre, pero también podría demorarse hasta el primer trimestre del año que viene.
Por otra parte, subrayaron que Presidencia está buscando “mecanismos”que permitan conseguir los recursos para concretar el recambio de luminarias en todo el país, por de bajo consumo. “Una de las fórmulas es a través de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, pues es un tema que le interesa al banco y claramente es un tema imprescindible para el país”, afirmó Lafluf.
“Si no logramos bajar el consumo por alumbrado público, en cinco o seis años estaremos discutiendo de nuevo con UTE por lo que le debamos”, agregó.
“Pero además tenemos un problema con el ciudadano, con el vecino, que nos van a preguntar cómo el Estado subsidia el 60% y siguen pagando la misma tasa por alumbrado público”, dijo haciendo referencia a que se hace necesario explicarle a la población el destino del subsidio, parte del cual va directamente al pago de la deuda que se mantiene con UTE.
PRóXIMAS SESIONES
La próxima sesión ordinaria del Congreso de Intendentes tendrá lugar el 13 de setiembre en Montevideo.
En octubre habrá dos extraordinarias: el 11 en Lavalleja y el 25 en Colonia. En el primero de los casos está relacionada con la Semana de Lavalleja y el segundo con los 125 años de Conchillas.
No obstante, varios intendentes no descartaron que se convoque a otra extraordinaria antes del 13 de setiembre para considerar varios temas “calientes” que están en la agenda política del cuerpo y que necesitan de un seguimiento permanente.