Opinion | 14 Ago El Concejo Deliberante de Gualeguaychú comunicó al gobierno argentino que está trabajando en un proyecto de resolución por el cual se exigirá a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) y a la Cancillería del vecino país hacer públicos los resultados de los últimos monitoreos de aguas a la salida de la planta de celulosa UPM.
De prosperar esta iniciativa, sería el primer pronunciamiento institucional de este reclamo, que deberían hacer propio todas las poblaciones ribereñas, tanto argentinas como uruguayas.
Claro que en la vecina ciudad entrerriana de Gualeguaychú impulsan esta acción ante CARU desde el supuesto que es Uruguay quien no acepta divulgar los datos, cosa bastante alejada de la realidad.
En junio pasado la Cancillería uruguaya emitió un comunicado asegurando que los datos del monitoreo conjunto del río Uruguay no se han divulgado por la negativa argentina a hacerlo. “Ha sido nuestra delegación quien ha reclamado en varias oportunidades que estos resultados deben publicarse de inmediato”, señala el comunicado y agrega que “la delegación argentina no prestó su conformidad para ello”.
El comunicado oficial respondió así a declaraciones realizadas por el vicepresidente de la delegación argentina ante la CARU, Héctor Rodríguez, quien dijo que “hay una actitud muy tozuda desde el Uruguay al violar el mandato de la sentencia del Tribunal de La Haya que ordena no agravar la situación”.
Hechas estas puntualizaciones, es necesario señalar, no obstante, el pleno derecho de las poblaciones del litoral del río Uruguay y la ciudadanía en general en cuanto a conocer el resultado del monitoreo conjunto que se realiza al río Uruguay y su afluente, el río Gualeguaychú, de forma de poder conocer la calidad de sus aguas y si hay o no contaminación. Hacer público esa información es también un compromiso asumido por las delegaciones uruguaya y argentina de la CARU al dejar operativo el equipo científico que lleva adelante el monitoreo.
La CARU es un organismo binacional donde las decisiones se toman entre ambas partes. En este caso puntual, el pronunciamiento de la Cancillería uruguaya no deja dudas que es Argentina quien se niega a dar la información por motivos que no han sido divulgados.
No obstante, es claro que existe el desconocimiento de un derecho ciudadano y el incumplimiento de un compromiso asumido públicamente, lo que deja muy mal parada a la CARU y es una cuenta más en el largo collar de los desencuentros entre Uruguay y Argentina.