Locales | 16 Ago La decisión adoptada por la Dirección General Impositiva (DGI) en el sentido de que 60 inspectores comenzaran una recorrida a lo largo de todo el país con el fin de establecer si unos 100 establecimientos rurales que facturan en promedio $ 100 millones al año cada uno (unos U$S 5 millones) evaden impuestos tales como el IRPF e IRAE y, de forma simultánea, si se viene cumpliendo con la partida correspondiente del ICIR, ha generado fuertes discusiones y un ida y vuelta muy particular entre el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, y el director general de Rentas, Pablo Ferreri. Según informó el director general de Rentas, Pablo Ferreri, “vamos a estar concurriendo a los propios establecimientos rurales para la información y corroborar las inconsistencias que surgieron a través del cruce de diversas bases de datos”.
Si bien no hay un estudio pormenorizado al respecto, Ferreri dijo a El País que se estima que la evasión impositiva en el agro uruguayo “se ubica entre 25% y 30%, mientras que la de la economía en general por concepto de evasión de IVA es del 15”.
Miguel Sanguinetti dijo ayer a radio Carve que la DGI está haciendo estos operativos como “una venganza” contra los productores rurales que presentaron recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR (impuesto al agro). “Esto de salir mediáticamente y con el Instituto de Colonización nos cae muy mal”, acotó. El jerarca expresó que “como Federación Rural vamos a analizar a qué productor se le hace la fiscalización y si coinciden con los que han presentado recursos de inconstitucionalidad contra el ICIR (impuesto al campo). Suponemos que sí”, afirmó.
Al ser consultado sobre si la avanzada de Impositiva es una respuesta a los recursos presentados, Sanguinetti dijo que las investigaciones “son una venganza” y agregó que “hay que decirlo así. Están copiando lo que se hace en Argentina”.
“No vamos a permitir que porque alguien se defienda dentro de la Constitución y la Ley, sea atacado. Consideramos que están haciendo terrorismo de Estado, que es lo que se hace en Argentina. No lo vamos a permitir de ninguna manera. Que la población sepa que están atacando a la mayor empresa que hay en el país: la agropecuaria”, dijo Sanguinetti.
Para el titular de la Federación Rural, la DGI puede “hacer la fiscalización internamente. Ahí tienen los datos. No tiene por qué salir a los medios a poner al sector agropecuario en el banquillo de los acusados”. Sanguinetti agregó que el sector que representa “está continuamente atacado por este gobierno. El año pasado fue la implementación del ICIR, la semana pasada el ministro de Trabajo Eduardo Brenta sale a decir que prácticamente ningún productor rural cumple con los derechos de los trabajadores”, finalizó visiblemente molesto.
irrespetuosas
Poco después Pablo Ferreri, director de la DGI, salió al cruce de las declaraciones de Sanguinetti. “Las declaraciones de este señor son irrespetuosas, irresponsables e infundadas”, afirmó el funcionario en su cuenta de twitter. “Los criterios de selección de la DGI son técnicos, basados en análisis de riesgo potencial de evasión que presentan los contribuyentes”, agregó.
raro
El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Andrés Berterreche, dijo que esta iniciativa nació a raíz de una situación “muy rara” de la cual se sospechó una posible evasión fiscal.
“Hace dos años llegó un campo al Instituto, del cual hicimos opción de compra (el vendedor de un campo debe dar posibilidad al INC de comprarlo). Estaba a muy buen precio, pero luego que estaba el ofrecimiento hecho, el comprador retiró el compromiso, cosa que no se puede. Nos parecía que era una situación muy rara. Eso nos dejó en alerta y decidimos empezar a charlar con el organismo de fiscalización para intercambiar datos”, relató.