Paysandú, Lunes 20 de Agosto de 2012
Opinion | 20 Ago Es notorio que Argentina tiene serios problemas para mantener su delicada economía –por decir lo menos--, que se basa en un “encerramiento” que pretende sustentarse limitando la salida de dólares por la falta de crédito del mundo financiero internacional ante su declaratoria de default, restringiendo al máximo las importaciones y a la vez tratando de potenciar sus exportaciones para intentar captar la mayor cantidad posible de dólares ante sus dificultades de hacerse de la divisa norteamericana.
Por lo tanto, a contramano de lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos años, Argentina ha recaído en prácticas propias de la década de 1950, cuando se protegía prácticamente todo y se creaban puestos artificiales de trabajo, sobreprotegiendo industrias y emprendimientos con altísimos costos en base a subsidios, como se hizo por ejemplo por esos años en nuestro país.
Pero a los aspectos meramente económicos, en la vecina orilla se han agregado posturas político-ideológicas impresentables, como lo fue por ejemplo el conflicto con Uruguay por la instalación de la planta de celulosa de UPM Botnia en las cercanías de Fray Bentos, a partir sobre todo de la “manija” de los activistas de Gualeguaychú, que llevó al boicot de los puentes y la dilucidación del pleito en el Tribunal Internacional de La Haya, en un episodio cuyos avatares son por todos conocidos y no es por lo tanto necesario abundar en detalles.
Pero claro, no pueden dejarse de lado los cuestionamientos de los gobiernos de Néstor Kirchner y luego de Cristina Fernández a las inversiones forestales en nuestro país, por su alto grado de “contaminación”, teniendo en cuenta que estas inversiones apuntan a la instalación de plantas de celulosa que supuestamente afectan el ecosistema, aunque se instalen respetando las más severas exigencias internacionales.
El punto es que se hizo toda una campaña contra los extranjeros que venían a contaminar nuestros cursos de agua y nuestras tierras, en este caso los capitales finlandeses, en tanto desde Gualeguaychú y algunos actores del gobierno de Buenos Aires se hacía hincapié en la “defensa” de la pureza ambiental agredida por los extranjeros.
Sin embargo, recientemente se supo que la Cancillería argentina, que dirige Héctor Timerman, ha organizado para mediados de setiembre próximo una misión empresarial a Finlandia, Suecia y Noruega, con el objetivo de buscar inversores para desarrollar su sector forestal, incluida la producción de pasta de celulosa.
La misión “tiene por objetivo potenciar los mecanismos y áreas de vinculación y cooperación público privada con el sector foresto industrial de los países nórdicos”, de acuerdo a lo que señala en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del vecino país.
El eje central de la misión estará puesto en la promoción de proyectos que permitan generar mayor valor agregado a la producción forestal argentina, sobre lo que la Cancillería explica que “se apunta a promover proyectos relacionados con el desarrollo de subproductos con alto potencial, tales como maderas tecnológicas y biocombustibles, entre otros, así como impulsar aquellos productos elaborados a través de la utilización de los residuos y descartes de la industria forestal, en tanto en un material preparado para presentar en Finlandia, Suecia y Noruega, también se indica que una de las áreas con posibilidades de desarrollar es la producción de celulosa.
El punto es que Argentina lanza esta misión empresarial para atraer capitales nórdicos, que son tradicionales productores de celulosa, semanas después de presentar una queja al gobierno uruguayo por una supuesta sobreproducción de la planta de UPM Botnia en Fray Bentos, la que pertenece a capitales finlandeses.
Estamos por lo tanto nuevamente ante un doble discurso del gobierno argentino, que considera muy buenas para su país inversiones en el área forestal, que supuestamente no tienen ninguna contraindicación contaminante cuando se instalan de aquel lado del río Uruguay, pero sí cuando ello ocurre en esta orilla. Eso se explica naturalmente porque Argentina siempre ha querido para sí esas inversiones y en ningún caso ha estado de por medio el tema de la contaminación, sino posturas políticas oportunistas que se fueron agrandando como una bola de nieve, para las que no tuvieron la visión ni la grandeza de dar marcha atrás cuando todavía podían… si querían.
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