Opinion | 15 Ago Una de las condiciones sine qua non para promover inversión de riesgo, en el ámbito que fuere, es no solo incorporar condiciones favorables para que los capitales se vuelquen a determinada actividad, sino también las certezas jurídicas, es decir contar con garantías de que de golpe y porrazo no se les cambiarán las reglas de juego por el gobierno que las incorporó o los que le sucedan en la rotación del poder.
Es decir que es preciso generar confianza en los operadores, tanto nacionales como extranjeros, respecto a que se establecerán reglas de juego estables –aunque nada es inamovible dentro de determinados límites, naturalmente-- y ello se logra a través de administraciones de gobierno que cumplen con su palabra, que priorizan el respeto a este orden jurídico por encima de toda otra consideración de carácter político o coyuntural, porque los capitales de riesgo a mediano y largo plazo son los que necesita todo país que apueste a crear fuentes de trabajo y hacer sustentable el tramado socioeconómico.
Por lo tanto hay ciertas reglas de juego que deberían ser políticas de Estado, explícitas o implícitas, como fue por ejemplo la Ley de Desarrollo Forestal aprobada por nuestro país en 1988 y que generó el boom forestal, que a su vez ha permitido que pasáramos de ser un país sin árboles, hasta un presente en el que se han implantado cerca de 800.000 hectáreas de montes para industrializar, se ha instalado una planta de celulosa y existe otra ya en construcción, así como plantas generadoras en base a biomasa, aserraderos, fábricas de contrachapados y similares para procesamiento de madera, con buenas perspectivas para dar un salto de calidad que permita generar mayor incorporación de valor agregado a la madera dentro de fronteras.
Políticas de promoción y reglas de juego estables son por lo tanto condiciones que van de la mano como atractivo para los capitales de riesgo y en buena media, más allá de algunos episodios aislados, en Uruguay se ha aprendido la elección, porque pese a avatares y haberse opuesto en su momento a la construcción de la planta de celulosa de UPM (anteriormente era Botnia) y otros cuestionamientos, los gobiernos de izquierda han apoyado el emprendimiento, incluyendo su defensa ante los embates de los activistas de Gualeguaychú y el gobierno de Néstor Kirchner, y a la vez han llevado adelante prácticamente una política continuista de anteriores gobiernos respecto a las inversiones. Como contrapartida, en la Argentina la inseguridad jurídica y el intento de la administración de Néstor Kirchner y luego de la de Cristina Fernández de obtener recursos como sea para poder sostener los subsidios y prácticas voluntaristas, determinó que se impusieran fuertes impuestos y detracciones a los productores agropecuarios. Estas políticas que tanto daño le han hecho a la economía argentina –auque por supuesto del otro lado del río no le vean así--, sin embargo han sido grandes impulsoras del desarrollo agropecuario tanto de nuestro país como de Paraguay. La paradoja está en que muchos productores argentinos cansados de la situación que viven en su país, apostaron a invertir en Uruguay comprando grandes extensiones de campos, valorizando así la tierra y permitiendo que los uruguayos que estaban hasta el cuello de deudas, pudiesen pagar y volver a producir en campos más económicos. Por otra parte, “enseñaron” a plantar soja, que hasta ese entonces era marginal en Uruguay, e inyectaron miles de millones de dólares al mercado.
Ahora, en las últimas horas Argentina dio otro claro ejemplo de lo que no se debe hacer: el gobierno de Cristina Fernández decidió aumentar los derechos de exportación al biodiesel, que los ha llevado del 14 al 32 por ciento. De esta forma cambia las reglas de juego para un sector que había captado fuertes inversiones en los últimos seis años, del orden de los mil millones de dólares, y de cuya producción dependen no menos de mil familias, por políticas promocionales del gobierno que apostaron a esta producción, “asegurándoles” condiciones para potenciarlo. Las PYME que elaboran biodiesel no solo están radicadas en el polo de procesamiento de la industria aceitera próximo a la ciudad de Rosario, sino que se ha expandido a zonas más alejadas de los puertos, como Santiago del Estero o San Luis.
El presidente de la Cámara de Empresas PYME de Energía y Biocombustibles (Cepeb), José Luis Martínez Justo, advirtió que ante esta medida “van a cerrar todas las plantas”. Aunque no se llegue a este extremo y tal declaración sea una medida de presión, está muy claro que la ecuación económica trazada sobre otras bases va a ser afectada drásticamente y esta producción va a sufrir un fuerte sacudón. De todas formas, seguramente poco le importa esto al gobierno de la vecina orilla, desesperado “por un mango” tras haber malgastado el cuerno de la abundancia que es Argentina, en políticas voluntaristas que hoy están fagocitando el país.