Tras demanda de juez de Familia

Locales | 19 Ago “Creo que es necesario tolerancia y un tiempo prudencial por parte de la Justicia que está demandando un tipo de obra inabarcable si no es en décadas”, afirmó el director del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Héctor Florit, al ser consultado por EL TELEGRAFO respecto al fallo judicial que establece que La Administración Nacional de Educación Pública deberá iniciar los trámites correspondientes para obtener la certificación de la Dirección Nacional de Bomberos (más conocida como habilitación) de todos los centros de primaria e inicial del sector público en un plazo de 120 días.
El fallo del juez de Familia de 19º Turno, Ricardo Santana, procura tutelar el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, salud e integridad física de más de 360.000 niños que concurren a diario a 2.300 escuelas y centros de educación inicial del país. Este fue pronunciado tras acoger la demanda de amparo presentada el 1º de agosto por un grupo de abogados del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (CaInfo), el Comité de los Derechos del Niño (CDN) e Infancia y Adolescencia Ciudadana (IACI).
El magistrado decidió hacer lugar a lo solicitado por los actores tras constatar durante el juicio que sólo seis --cinco en el Interior y una en Montevideo-- de más de 2.300 escuelas cumplen actualmente con la normativa. Otros 15 centros están habilitados por el sistema anterior y su habilitación se encuentra próxima a vencer. Durante el proceso de amparo, funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos reconocieron que las escuelas no podrían funcionar de acuerdo a la reglamentación vigente.
Para el director del Consejo de Primaria hay dos alternativas: apelar el fallo --decisión que corresponde tomar el Codicen-- o contar con “una prudente gradualidad” para instrumentar estos requerimientos.
“Se nos está reclamando colocación de extintores, lo cual implica una inversión de 60 mil pesos por escuela y estamos hablando de más de 2.000. También deberían ser colocados tanques elevados de agua, lo que suponen también muchos miles de dólares, pero también son necesarios sensores de humo, hay que invertir el sentido de las puertas de las escuelas y cambiar las alturas de los dinteles de todas las aberturas. En el caso de escuelas de dos plantas hay que construir una segunda escalera, salidas de emergencia y señalización. En definitiva, estamos hablando de obras millonarias que deben realizarse en 2.358 escuelas”, explicó el jerarca.
Afirmó que teniendo en cuenta estas situaciones “hay dos alternativas, una es apelar el fallo de la Justicia y la otra una acción gradual en lo que hace a estas certificaciones”.
“Creo que es posible colocar algunos extintores pero me parece que modificar sustancialmente la estructura de los edificios escolares no es posible y, en todo caso, nosotros tenemos un presupuesto que ya está votado y aprobado en el Parlamento”. “En consecuencia, este requerimiento de la Justicia nos obligaría a optar entre comprar cuadernos o extintores, si le damos de comer a los niños o colocamos escaleras, si creamos cargos o si por, el contrario, compramos sensores para un incendio que en los últimos cien años nunca hubo”, puntualizó.
SEOANE: “ESTAMOS TRABAJANDO”
Respecto al mismo tema, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, José Seoane, dijo a EL TELEGRAFO que “la ANEP está trabajando para fortalecer las capacidades de los centros educativos”.
“Meses atrás, con anterioridad a este fallo, me reuní con el ministro Bonomi y el director nacional de Bomberos para definir un plan gradual de avances ya que la ANEP tiene en el entorno de 3.000 edificios educativos, de los cuales más de 2.000 son escuelas”, dijo.
Agregó que cumplir con el fallo de la Justicia “requerirá un esfuerzo sostenido en el tiempo y gradual” y que la intención es “ir avanzando en esta tarea”.
“El fallo establece un plazo para iniciar el trámite. Nosotros ya estamos trabajando en fortalecer las capacidades de los centros educativos, es una decisión que ya estaba tomada y que figura en el proyecto presupuestal que elevamos a la Rendición de Cuentas, donde solicitamos fondos para estas tareas”, puntualizó.
En acuerdo con el dictamen fiscal, el juez impuso a la ANEP la obligación de presentar informes cuatrimestrales sobre los avances registrados “hasta que todos y cada uno de los edificios destinados a la educación inicial y primaria del sector público del país cuenten con certificación de medidas de defensa contra incendios”, estableciéndose como fecha de presentación del primer informe ante la sede, el día 10 de diciembre del corriente año.
La resolución judicial agrega que si bien no puede desatender “las dificultades por carencias de recursos presupuestales, la problemática de los niños requiere una solución”.