Por orden del Juez

Locales | 15 Ago La Administración Nacional de Educación Pública deberá iniciar los trámites correspondientes para obtener la certificación de la Dirección Nacional de Bomberos (más conocida como habilitación) de todos los centros de primaria e inicial del sector público en un plazo de 120 días. El fallo del juez de Familia de 19º Turno, Ricardo Santana, procura tutelar el derecho a ser protegidos en el goce de su vida, salud e integridad física de más de 360.000 niños que concurren a diario a 2.300 escuelas y centros de educación inicial del país.
En Paysandú ninguna de las 111 escuelas cumple con los requisitos de Bomberos sobre seguridad, confirmó a EL TELEGRAFO la inspectora departamental maestra Teresita Giani. Dijo que tiempo atrás se hizo un relevamiento de todas las escuelas a pedido de ANEP, y se elevó el informe correspondiente. Por otra parte, aún no recibió notificación sobre el requerimiento legal, que fue definido el lunes.
Demanda de amparo
El fallo fue pronunciado tras acoger la demanda de amparo presentada el 1º de agosto por un grupo de abogados del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), el Comité de los Derechos del Niño (CDN) e Infancia y Adolescencia Ciudadana (IACI).
El magistrado decidió hacer lugar a lo solicitado por los actores tras constatar durante el juicio que sólo seis --cinco en el Interior y una en Montevideo-- de más de 2.300 escuelas cumplen actualmente con la normativa. Otros 15 centros están habilitados por el sistema anterior y su habilitación se encuentra próxima a vencer. Durante el proceso de amparo, funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos reconocieron que las escuelas no podrían funcionar de acuerdo a la reglamentación vigente.
En acuerdo con el dictamen fiscal, el juez impuso a la ANEP la obligación de presentar informes cuatrimestrales sobre los avances registrados “hasta que todos y cada uno de los edificios destinados a la educación inicial y primaria del sector público del país cuenten con certificación de medidas de defensa contra incendios, estableciéndose como fecha de presentación del primer informe ante la sede, el día 10 de diciembre del corriente año”.
“La omisión (denunciada) traduce manifiesta ilegitimidad pues desatiende derechos, bienes y valores reconocidos” en la Constitución, concluye el magistrado. Agrega que si bien “la resolución judicial no puede desatender las dificultades por carencias de recursos presupuestales (…) la problemática de los niños requiere una solución”.
Acción por ley de acceso
La demanda tuvo como antecedente una acción judicial de acceso a la información pública promovida por Cainfo en diciembre pasado ante la justicia de lo Contencioso Administrativo. En ese marco, el juez Pablo Eguren ordenó a la ANEP en marzo de este año informar si las escuelas públicas estaban cumpliendo con la normativa relativa a la certificación de Bomberos. El organismo carecía a esa fecha de la información y debió producirla para dar cumplimiento a la sentencia judicial. Con posterioridad a dicho fallo, el Consejo Directivo Central de la ANEP resolvió en abril de este año solicitar al Ministerio del Interior la conformación de una comisión a efectos de analizar la situación de los centros educativos y establecer un plan para su regularización ante la Dirección Nacional de Bomberos. Sin embargo, la comisión no se integró sino hasta el jueves pasado.
Tutela judicial
de derechos
Por otra parte, el proceso judicial permite reafirmar el papel fundamental que le compete al Poder Judicial en la tutela del Estado de derecho y de los derechos humanos de todos los habitantes del país, especialmente cuando de niños se trata. Al mismo tiempo, este proceso demuestra la importancia del trabajo de monitoreo que realizan las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos e implementación de políticas públicas.