Opinion | 23 Ago Hoy, la mayoría de los medios de comunicación del país están hablando de la red de prostitución de menores de edad que fue desarticulada por la Policía y cuyos cabecillas eran dos hermanos de Paysandú, quienes junto a otras personas de su entorno estaban involucrados en delitos de trata de personas, proxenetismo de menores, falsificación de documentos y lavado de activos.
Los proxenetas reclutaban a menores de edad en la ciudad de Young, al norte del departamento de Río Negro, y en nuestra ciudad y allí se iniciaba un camino de difícil retorno para muchas, que vinculaba el prostíbulo Las Palmeras, en Young, San Carlos y Maldonado con un destino final de ejercicio de la prostitución en Italia, España o Argentina.
No es la primera vez que esta zona del país salta a las noticias por estas cuestiones que forman parte de una realidad compleja y en la cual se avizoran pocos avances para la protección de derechos básicos y prevención de la explotación sexual de menores.
Se trata de un tema con el que el país tiene una importante deuda que es ponerlo en la agenda pública y comenzar a pensar en soluciones.
En este sentido, recientemente representantes del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes que estuvieron en Paysandú impartiendo un taller para comenzar a formar redes de protección que involucren a distintos operadores y organizaciones de la sociedad civil y gubernamentales, dijeron claramente que han habido algunos pequeños avances --especialmente a nivel de denuncias, que pasaron de 20 en 2007 a 40 en 2011-- pero si se compara la magnitud del problema con el nivel de avance, es evidente que falta mucho todavía.
La necesidad de una ley integral que aborde todas las dimensiones del problema, la falta de espacios de atención para las víctimas y mayor capacitación de la Policía, que requiere de herramientas para la investigación pero también para la protección de las víctimas ya “que es algo que hoy la Policía no tiene pensado como parte de su función”, son indicadores claros de hacia dónde hay que marchar.
La existencia de todas esas carencias se agrava aún más porque el tema no forma parte de la agenda política, social y gubernamental. Es necesario que la trata de personas y la explotación sexual de menores de edad de nuestro país y ciudad no sea algo que nos parece espantoso hasta que nos olvidamos y vuelve a pasar. Que realmente, se considere el problema en su real dimensión.