Opinion | 31 Ago En otra desprolijidad del gobierno, al proyecto de ley del Ministerio de Economía para la creación de un fondo de reparación a las víctimas de delitos, el propio presidente José Mujica lo mando al freezer, al menos por ahora. La intención del equipo liderado por el ministro Lorenzo preveía un nuevo impuesto, esta vez directamente a trabajadores y jubilados, que de sus ya escuálidos salarios debían ver cómo se les sacaba otra tajada más, ahora para financiar las pensiones a víctimas de delitos graves.
La iniciativa es loable, especialmente para aquellos que sufren daño permanente. Es bueno que el Estado los asista con una pensión, tras las duras experiencias por las que pasaron. Pero lo que parece fuera de lógica es pretender que sean los trabajadores y los jubilados quienes participen parcialmente en financiar ese fondo, como si ya el Estado no retuviera más que suficiente porcentaje de los salarios y retribuciones personales.
El Ministerio de Economía pretendía cobrar un impuesto del 0,033% a salarios y del 0,016% a las jubilaciones para el pago de una póliza a víctimas de delitos, alternativa que se planteó ante las objeciones del Banco de Seguros del Estado (BSE) a que para financiarlo se descontara el 1% de los seguros recaudados.
El proyecto original remitido al Parlamento establecía el pago de una mensualidad de 14.000 pesos a los familiares de las víctimas. Mientras que el alternativo --presentado por Economía-- establecía el pago de una póliza al contado de 4.500 dólares y una mensualidad de 450 dólares por un máximo de cinco años. Esto, a su vez, provocó el rechazo del Ministerio del Interior.
Pero más allá de esos desencuentros dentro del equipo de gobierno, lo que debe dejarse en claro, y lo que debe rechazarse, es el concepto de que cuando no se consigue el dinero necesario se va a por el salario de trabajadores y por las retribuciones de los jubilados, no importa de cuán pequeño porcentaje se trate.
Si para dar un beneficio --merecido-- todo lo que se hace es establecer un nuevo impuesto, el por un tema de principios está mal. Para solventar las desigualdades que generó la patente única se aumentó el Imesi, por lo que quienes compran vehículos son quienes lo financian. No es el gobierno. Ahora se quiere dar un respaldo a víctimas de delitos violentos y siempre el que paga es otro.
Es tiempo que Rentas Generales, que también somos todos pero con los impuestos ya establecidos, se haga cargo.