Opinion | 26 Ago Los recientes hechos registrados en torno a la titularidad de la Jefatura de Policía de Paysandú nos llevaron a observar con mayor atención los resultados de la gestión de la misma en los últimos años, concretamente desde que se estableció la norma de designar como jefes a funcionarios policiales de carrera.
Una recorrida por los periódicos del Interior de la República nos ha permitido tener también una referencia directa de los hechos en la mayoría de los departamentos.
En lo que tiene relación a Paysandú, si bien existieron también hechos puntuales, se llegado al extremo que la Junta Departamental por unanimidad --y con todas las bancadas presentes--, solicitara al Poder Ejecutivo la remoción del, en ese momento, jefe de Policía sanducero. No hubo una voz que se alzara en defensa de quien, de haber actuado de otra manera hubiese podido ganarse el aprecio de por lo menos algunos de los representantes departamentales.
Generalizando, es decir sin apuntar a ningún caso en particular, los jefes de policía han cumplido con su cometido bien, regular o mal en el aspecto de prevención y/o represión del delito en general pero, casi en ningún caso, se han involucrado con la sociedad en la que cumplen sus funciones. Mayoritariamente los jefes no son oriundos ni han habitado anteriormente en las localidades donde ahora encaran su cometido lo que muchas veces es una seria dificultad aún para el desarrollo de su cometido profesional específico, es decir velar por el cumplimiento de la ley en todas sus acepciones.
Esto hace que se vea como una imperiosa necesidad que se revea la disposición relativa a la designación de profesionales como Jefes de Policía departamentales y se considere
seriamente la posibilidad de que se vuelva al sistema de designar a un ciudadano de confianza política del Gobierno Nacional o Departamental como Jefe de Policía mientras que el subjefe sí sea un profesional de carrera que, lógicamente, por su grado, esté en condiciones de asesorar y complementar las decisiones del titular del cargo, uniendo de esta manera el conocimiento y la relación de aquel con la ciudadanía en general con la preparación y experiencia del jerarca policial que ocupe la sub jefatura.
Está muy claro que los policías están preparados, dentro de nuestras posibilidades, para enfrentar el delito y hasta prevenirlo, pero también es evidente que en general no están preparados para mantener una relación natural con la comunidad fuera de la rigidez de reglamentos y normas.
En la galería de homenaje y recordación de los jefes de Policía de Paysandú existente en el edificio de Jefatura encontramos muchísimos casos de jerarcas que no sólo cumplieron con su cometido específico de la mejor manera sino que también fueron partícipes activos de la vida sanducera, poniendo “el hombro” para obras o tareas muy alejadas de la actividad policial pero muy cerca del corazón de la gente.
A lo largo de dicha galería, vemos a hombres que fueron muy importantes para el departamento en muchos aspectos, y en ese sentido no podemos dejar de mencionar al coronel Basilio Pinilla que –si bien su cargo era una conjunción de jefe de Policía e Intendente departamental--, fue sin dudas el gran impulsor y constructor del Paysandú moderno.
Pero encontramos también a hombres como Manuel Stirling que siendo un civil y teniendo notoriedad en el fomento del progreso sanducero, actuó con la serenidad y el coraje de un experto policía. En abril de 1902 causaba estragos en la campaña sanducera una banda que entre otros delitos había cometido numerosos abigeatos. Uno de los jefes de los bandoleros era Wenceslao Suñel, alias Berrinche, y cuya captura fue ejecutada por el mismísimo Stirling, enfrentamiento en el cual resultó muerto el delincuente.
Cabe consignar que Stirling fue separado del cargo, se le instruyó sumario y fue repuesto en funciones a fines mayo.
La nómina a que hacemos referencia incluye a numerosos y destacados ciudadanos sanduceros que aportaron no sólo la importante presencia de la policía en la vida cotidiana sino fundamentalmente una relación viva y permanente con toda la comunidad y sus problemas y necesidades.
Por lo expuesto y mucho más evidente que es necesario reconsiderar el sistema actual teniendo en cuenta que la designación de un ciudadano común como Jefe no va en detrimento de la Policía sino que por el contrario sería una prueba más de que el organismo es parte de la ciudadanía y no un ente despegado del resto de los habitantes del Uruguay, máxime si es parte de quienes fueron electos por la ciudadanía para gobernar el país.