Paysandú, Sábado 01 de Septiembre de 2012
Opinion | 27 Ago Pese a los enunciados de buenos deseos y los abrazos entre la presidenta Cristina Fernández y su colega José Mujica, salta a la vista que desde el punto de vista del intercambio comercial y la buena voluntad para solucionar problemas que se arrastran desde hace años, como el dragado del canal Martín García, hay un déficit crónico entre Uruguay y Argentina, producto de que el vecino poderoso no se siente obligado a reconocernos abiertamente como Estado y en mayor o menor medida nos sigue considerando como una especie de provincia díscola que es preciso meter en vereda.
Una de las medidas abiertamente perjudiciales para nuestro país es el creciente proteccionismo que aplican nuestros vecinos, pese a lo establecido en la letra y el espíritu del Mercosur, porque no cuenta con crédito internacional por su default y no cumplir con las deudas, y necesita por lo tanto a toda costa contar con un superávit comercial importante para compensar la falta de divisas y hacer frente a sus compromisos y el funcionamiento de su economía.
Una de las empresas uruguayas que ha caído en esta redada es la fabricante de plásticos Laja, la que se presentó en los últimos días a concurso de acreedores, al declararse insolvente con un pasivo de 600 millones de pesos.
La empresa de capitales uruguayos fundada en 1934 se declaró insolvente mediante un escrito que presentó ante el Juzgado de Segundo Turno de Montevideo, según da cuenta El País y, de acuerdo a fuentes de la empresa, el motivo que provocó que el pasivo haya llegado a ese monto de casi 30 millones de dólares fueron las trabas comerciales impuestas por Argentina.
Uno de los voceros empresariales declaró al matutino que esta empresa exportaba unos ocho millones de dólares anuales al vecino mercado y ha pasado a la cero exportación. Laja S.A. se especializa en la producción de tubos de plástico, mobiliario de jardín y compuestos, y en los últimos años la mitad de su producción se colocaba en Argentina, hasta que drásticamente el gobierno de Cristina Fernández cerró las importaciones –no solo provenientes de Uruguay, naturalmente-- y Laja “cayó en la volteada”, que ya ha arrojado numerosos damnificados de este lado del río.
Aunque la empresa debía empezar a producir sus artículos desde abril, la no concesión de licencias desde Argentina determinó que cesara la producción, porque no hay forma de entrar esa mercadería al país vecino, y por lo tanto está afectada la actividad de la fábrica y la suerte de los 260 empleados.
Voceros de la Cámara de Industrias señalaron que el cambio de modalidad en la gestión de las importaciones en Argentina “afectó enormemente todas las exportaciones uruguayas, sobre todo las textiles, que fueron las primeras que bloquearon pero también en los plásticos y la imprenta hubo serias trabas al comercio”. Definieron la situación como “preocupante” y que por más que ahora se liberaran las licencias, “el daño ya está hecho”.
Una pauta del cierre proteccionista argentino lo da el hecho de que a través de estas restricciones el gobierno de la otra orilla aseguró en siete meses el 80 por ciento de la meta anual de superávit comercial que se había fijado, de acuerdo a lo que informa el diario bonaerense El Cronista.
Indica el artículo que si bien las exportaciones cayeron un uno por ciento en los primeros siete meses del año, a su vez las importaciones lo hicieron en un cinco por ciento, gracias a estas restricciones, lo que ha permitido que en ese período el superávit de la balanza comercial llegara a los 8.350 millones de dólares, es decir un aumento del 54,3 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior.
El punto es que con la práctica del “sálvese quien pueda”, que incluye también la sustitución de importaciones por productos de fabricación nacional, aunque resulten más caros que en el exterior, se corre el riesgo de entrar en la vorágine de las medidas “espejo”, es decir de las represalias comerciales, lo que significará retroceder décadas en el proceso de apertura que ha tenido el mundo e incluso la región, que ha redundado en una sustancial mejora en la calidad de vida de la población y en apuntalar mejoras en infraestructura que permitan ir superando el subdesarrollo.
Pero el gobierno argentino, con una economía estancada y prendida con alfileres, distorsionada por un mar de subsidios, sigue apostando al corto plazo en procura de réditos electorales, y a seguir pateando la pelota para adelante, aunque ello signifique remar contra la corriente y quedar a la deriva en medio del mar.
Lo que es peor, con estas prácticas arrastra en sus bandazos a otros países, al devastar por ejemplo a empresas uruguayas que se habían jugado a ese mercado confiando en las reglas de juego que les cambiaron de golpe y porrazo.
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