Opinion | 30 Ago La reforma del Estado, con la intención de hacerlo más eficiente, adecuado a las necesidades del país, menos gravoso para los sectores productivos y mejorar además su gestión, para racionalizar el gasto público --es decir el dinero que proviene del bolsillo de cada ciudadano para sostener el andamiaje estatal--, fue en su momento un postulado que manejó como una necesidad el ex presidente Tabaré Vázquez para la que iba a ser “la madre de todas las reformas”, y por cierto que desde todos los ámbitos del país se le extendió una carta de crédito al entonces novel mandatario para que llevara cabo los enunciados que entonces delineó.
La realidad indica que en los cinco años de gestión su administración ni siquiera arañó la superficie de una reforma de estas características, pese a que estábamos ante un momento muy propicio y que contaba con un respaldo político y ciudadano a su gestión como ningún otro presidente tuvo en la historia del Uruguay.
Este fracaso absoluto no se dio seguramente porque el ex presidente no creyera que se debía hacer la reforma, sino que se encontró con una brutal resistencia dentro de su propia fuerza política, es cierto, pero sobre todo de las corporaciones de funcionarios públicos que han luchado invariablemente contra cualquier medida que se adoptara en el Estado que generara la menor sospecha de que pudiera afectar su condición de privilegio, donde no hay evaluación de rendimiento, hay sobredosis de feriados y horarios muy cortos y flexibles, entre un sinnúmero de “conquistas” logradas durante décadas.
No le ha ido mejor al presidente José Mujica, quien durante su gestión incluso mencionó el ejemplo de Nueva Zelanda como un ideal a seguir en cuanto a la reforma del Estado, teniendo en cuenta el notable efecto beneficioso que la adecuación de su Estado ha tenido en esa nación, que está a la altura del primer mundo, siendo un país pequeño de base agropecuaria ubicado fuera de los circuitos internacionales, formado por dos islas prácticamente perdidas en extremo suroeste del océano Pacífico.
Mujica ya ha bajado los brazos respecto a encarar en su administración algún tipo de reforma del Estado, en la que además no cree buena parte de su fuerza política, sobre todo los sectores radicales estrechamente ligados a los sindicalistas del Pit Cnt, donde nunca se ha observado con buenos ojos cualquier intento que pueda darse en este sentido, y mucho menos durante los gobiernos de los partidos tradicionales, por motivos ideológicos.
Una idea de las dificultades para este acometimiento surge de conceptos vertidos al suplemento “Economía y Mercado” del diario El País por el economista Conrado Ramos, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, además de investigador y docente en el área de Reforma del Estado y Políticas Públicas, quien señaló que “algo se ha hecho, pero es incierto el camino que hay por delante. Yo estoy tratando de entender las razones por las cuales cuesta tanto avanzar en estos temas. Desde la actividad académica ese es uno de los temas que me inquieta”.
Al reconocer que este fue uno de los aspectos que llevaron a renunciar a su cargo en la OPP, Ramos reflexionó que “no están dadas las condiciones para avanzar en una profesionalización de la gestión. No he escuchado en declaraciones públicas de responsables políticos y jerarcas de gobierno, ni desde la oposición, los caminos alternativos, las respuestas concretas para mejorar la gestión. Todos dicen que hay problemas, pero ¿cómo salimos?, ¿cuáles son los caminos que se plantean?, ¿qué hace la política para ello?”
Más allá de las legítimas preguntas del ex jerarca, es indudable que el gobierno es mano en esta materia, es decir quien debe llevar adelante las propuestas y consecuente búsqueda de acuerdos para concretar cualquier reforma del Estado.
Una frase de Ramos sentencia claramente el panorama ante el que nos encontramos: desde el gobierno “no nos dicen con claridad cuál es la reforma del Estado, no hay un paquete consistente con determinados ejes, metas y objetivos. Falta el relato armado y consistente. Mujica siempre ha dicho que quería aplicar políticas de Estado para los próximos 30 años. Si uno quiere diseñar políticas de ese tipo, necesita determinados niveles de consenso sociales, políticos, y no se están buscando”.
Ese es precisamente el punto: no hay nada de nada, porque el tema no está en la agenda ni en las prioridades del gobierno, simplemente porque no hay interés en chocar con los gremios del Estado, y tampoco con el ala radical de la coalición de izquierdas. Mientras tanto pasa el tiempo y las oportunidades --que quizás nunca se repitan--, de lograr una gestión más eficiente, efectiva y liviana del gobierno de un estado que el mismo presidente catalogó de “paquidérmico”, además de excesivamente costoso.