Opinion | 06 Sep Las medidas de fuerza adoptadas la semana anterior por el sindicato de funcionarios de Ancap generaron el desabastecimento de combustibles en todo el país en el fin de semana, logrando lo que se busca con estas medidas de fuerza: hacer el mayor daño posible, con la consecuente conmoción social, y que esta presión a su vez se traslade en forma contundente a los gobernantes, para que éstos cedan a los reclamos.
Esta breve síntesis de relación de hechos no tiene nada de novedoso, y se aplica desde siempre tanto en el sector público como privado, pues forma parte de la confrontación de fuerzas en la relación laboral, como forma de arrancar concesiones que no se logran por la vía de la negociación, y a la vez otorgan a quienes así actúan una cuota de poder adicional cuando se ingresa en un ámbito de discusión de los planteos.
Es evidente que la intención del sindicato era presionar al Directorio del ente en el marco del conflicto que mantiene con sus funcionarios, y en el caso de la capital del país la medida de fuerza se vio potenciada por la psicosis generada en la población, que como es de prever, ante la sola posibilidad de que escaseara el carburante, se volcó mayoritariamente a la compra de combustible por encima de lo normal y consecuentemente se acentuó el desabastecimiento que era esgrimido como amenaza por el sindicato. Sin embargo esta razón no fue determinante en Paysandú, donde “supuestamente” no iba a faltar combustible, pero como la planta no cargó camiones el viernes (día en que las estaciones se surten para el fin de semana) obviamente lo que quedaba en los tanques se terminó en un suspiro.
El punto es que como suele ocurrir, la población quedó de rehén de demandas laborales, con toda la distorsión que ello significa y muchas veces dejando sin la posibilidad de trabajo a decenas de miles de personas en todo el país, porque un grupúsculo de funcionarios se siente con derecho a parar un país entero por lo que para ellos –y solo ellos-- es importante.
Pero este panorama no es exclusivo de Ancap ni nada que se parezca, sino que se da en la enseñanza estatal, en Salud Pública, en la actividad bancaria, en el Correo y en el ámbito del Estado que sea, y sobre todo en los sectores donde se tienen los mejores sueldos y condiciones de trabajo, privilegios que han obtenido en base al mayor poder de chantaje que tienen sobre el gobierno al gozar de inamovilidad en los hechos.
En el colmo del absurdo, actualmente los gremios estatales están planteando institucionalizar que no se descuenten los días en que no trabajan a los funcionarios que realizan paros de actividades, pese a que el 21 de agosto de 2008 el entonces presidente Tabaré Vázquez, actuando en Consejo de Ministros, aprobó el decreto 401, que fija descuento por paros parciales, ante el “ejercicio atípico” del derecho de huelga consagrado en la Constitución, que refiere a que los funcionarios aplican paros de forma distorsiva, que determinan que no se cumpla la jornada laboral, aún cuando han ingresado y firmado las planillas correspondientes, pero sin trabajar.
El decreto señala asimismo que “se procederá a descontar del salario de los funcionarios de la Administración Central en forma proporcional el término en el cual los mismos adopten medidas gremiales que supongan la disminución de sus tareas dentro de su horario habitual”.
Hasta ahora en el ámbito de los trabajadores del Estado nadie recuerda –en realidad no les interesa-- que todos los uruguayos les pagamos el sueldo, que tienen más beneficios que ningún otro trabajador y que supuestamente –nadie lo considere un mal chiste, aunque parezca-- los uruguayos también somos los “dueños” de las empresas públicas, y por lo tanto sus patrones.
Sin embargo, un aspecto tan elemental como descontar los días no trabajados es cuestionado por los gremios estatales, y es así que la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), que reúne a todos los sindicatos de las empresas del Estado, se declaró en conflicto contra el decreto que prevé los descuentos, a partir del anuncio del Directorio de Ancap de aplicarlo.
Como bien dice el refrán, “la culpa no es del chancho sino de quien le rasca el lomo”, y el proceso de acumulación de poder por los gremios estatales no puede sorprender, porque formó parte de la estrategia política que llevó adelante el Frente Amplio para llegar al gobierno, y hoy muchos dirigentes sindicales son a la vez integrantes de la fuerza política, por lo que están al mismo tiempo en ambos lados del mostrador.
El punto es que ejerciendo ahora el gobierno, recién se advierte que durante todo este tiempo se ha contribuido a crear un monstruo que se vuelve contra el inventor, mientras el gobierno, con complejo de culpa, sigue manifestándose irresoluto. Es de esperar que ésta no sea una nueva estrategia de la coalición de izquierda en su conjunto para radicalizar más la gestión, algo así como una “estrategia de gobierno”, porque también es cierto que en cada conflicto planteado, por más irracional y cantinflesco que se presenta, finalmente siempre se termina un poquito más allá de donde cualquiera racionalmente aceptaría.