Opinion | 06 Sep La popular frase se ajusta perfectamente a la respuesta dada desde la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río Uruguay, con el aval del Ministerio de Relaciones Exteriores, a las repercusiones de la situación generada por la negativa de Argentina a la difusión pública de los resultados del monitoreo del río Uruguay que realiza un comité científico binacional en la zona de impacto de la planta de celulosa de UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú.
Si bien es de público conocimiento que la delegación argentina en CARU está poniendo palos en la rueda para la publicación de dichos resultados, como es su obligación de acuerdo a las Notas Reversales intercambiadas por ambos gobiernos el 30 de agosto de 2010, una nueva embestida de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú supone públicamente que los resultados no han sido difundidos porque, como también ha dicho públicamente el senador kirchnerista Pedro Guastavino, los resultados muestran que “esa fábrica está haciendo las cosas muy mal”.
Recientemente el juez federal de Concepción del Uruguay, Pablo Seró, tras un reclamo presentado por abogados de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, solicitó a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) que presente “con urgencia” los resultados del monitoreo conjunto a la planta de UPM, realizados por el Comité Binacional conformado entre Argentina y Uruguay a tales efectos.
En las últimas horas la delegación uruguaya en CARU emitió un comunicado que, sin demasiado preámbulo, reitera una vez más que no se opone a la difusión de los resultados del monitoreo, sino por el contrario brinda su pleno consentimiento, y deja en claro que es la delegación argentina que no ha posibilitado que la población tenga conocimiento de esa información.
“La publicación de los resultados constituye un paso ineludible”, dice el comunicado que agrega que en virtud de las notas reversarles firmadas entre Argentina y Uruguay en 2010 para habilitar el monitoreo conjunto, esos resultados deben ser públicos y accesibles.
Sin embargo, advierte que “para que estos resultados puedan ser difundidos públicamente por la CARU, debe contarse también con el acuerdo de la delegación argentina”. Por eso lo del título.
Pero independientemente de las rencillas internas que evidentemente existen entre ambas delegaciones y gobiernos, es evidente que existe una responsabilidad de la CARU y su imagen pública resulta comprometida ante los ojos de la ciudadanía de ambas orillas.