Opinion | 07 Sep Como si no alcanzara con las trabas a las importaciones de productos desde Uruguay, en base a las medidas proteccionistas que aplica Argentina con la intención de mantener un superávit de su balanza comercial para hacer frente a su deuda pública, y las dilaciones por su falta de voluntad política para llevar adelante el dragado del canal Martín García, entre otros conflictos, el vecino país sigue oponiéndose a la difusión de los resultados de los análisis de las aguas del río Uruguay en torno a la planta de celulosa de UPM Botnia, pero con la particularidad de que en este último caso pretende responsabilizar a Uruguay por la omisión de no difundir los datos.
Extraoficialmente desde hace un año se sabe que las mediciones que se han realizado en las aguas y entorno de la planta, a través de laboratorios internacionales, arrojan que no se ha registrado impacto negativo por los efluentes de la planta de celulosa en el río Uruguay, aspecto clave en el conflicto planteado por los activistas de Gualeguaychú --con la aquiescencia y respaldo del gobierno argentino, bloqueo de puentes durante años incluido--, por el cual se aseguraba que la planta contaminaba y afectaba seriamente el ecosistema del río Uruguay.
Por supuesto, no ha ocurrido ninguno de los extremos planteados por los activistas en su delirante postura contra la planta, aspecto este se demuestra fácilmente porque sus propios balnearios han seguido funcionando como si tal cosa, sin ninguna afectación para los bañistas y además con altísima concurrencia.
Está claro que de existir tal contaminación, el mismo gobierno provincial debió haber prohibido los baños y la pesca en el río Uruguay, a menos que poco le importe la salud de sus ciudadanos. Pero ahora la Cancillería del vecino país ha ingresado también en la calesita de los entuertos indefendibles, tratando de ocultar los buenos resultados de lo análisis ambientales del río en las adyacencias de la planta de UPM, porque estamos ante un emprendimiento de última generación, en base a la severa reglamentación que rige en el primer mundo para estos establecimientos.
Es así que pese a contarse con los resultados que prueban que Uruguay estaba en lo cierto, sistemáticamente la Argentina ha obstaculizado la difusión de los resultados con argumentos banales y rebuscados, lamentablemente con la complicidad del silencio de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha contemplado “negociar” esta divulgación esperando el momento oportuno de los argentinos, el que hasta ahora no ha llegado, simplemente porque ellos no tienen ningún interés en quedar “pegados” después de haber actuado como lo hicieron.
Es al menos racional pensar que ahora que ambos gobiernos se manifestaron públicamente a favor de presentar los documentos, Uruguay está de hecho autorizado a publicarlos unilateralmente aunque la mitad argentina de la CARU no esté de acuerdo, porque por encima del organismo están las cancillerías y los gobiernos, que son precisamente los que exhortan a hacerlo.
De todas formas, hace pocas horas la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) reiteró su reclamo a la Argentina para la publicación “completa e inmediata” de los resultados del monitoreo ambiental conjunto a la planta, y de acuerdo al comunicado dado a conocer por la Cancillería uruguaya, “brinda su pleno consentimiento para la publicación completa a inmediata de los resultados de todos los análisis llevados a cabo por los laboratorios internacionales contratados por el monitoreo conjunto de la planta Orion UPM y de la desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay”.
A la vez se ha conocido un comunicado posterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina en el que paradójicamente responsabiliza a Uruguay de que hasta ahora no se haya divulgado ninguno de los resultados de las 16 visitas que el comité científico realizó a la fábrica de celulosa. La Cancillería también insiste en la “ilegalidad” de que Uruguay haya aumentado hasta los 37 grados la temperatura autorizada para los efluentes que son vertidos en el río Uruguay, pese a que la normativa argentina los permite hasta los 45 grados. Es claro que Argentina trata de evitar la divulgación de los resultados porque éstos no solo prueban la inocuidad de la planta de UPM, sino que obviamente también revelan un alto grado de contaminación en la desembocadura del río Gualeguaychú, del lado argentino. Si realmente Buenos Aires quisiera que se divulgaran los datos, bastaría con publicarlos haciendo la salvedad de que está en desacuerdo con la temperatura de los efluentes que se vierten, y si ello fuera realmente un factor decisivo, como sostiene, por supuesto los valores de contaminación en su entorno lo constatarían, lo que precisamente no ocurre.
En cambio, el documento de la Cancillería argentina se pasea por una y mil consideraciones respecto a como se han desarrollado los hechos, pero sin nada contundente que justifique por qué no se dan a conocer los controvertidos documentos, lo que es una confesión implícita de que los postulados “principistas” esgrimidos son solo una cortina de humo para tratar de justificar --en vano, por supuesto-- la irracionalidad con que se han movido nuestros vecinos.