Opinion | 09 Sep En nuestro país uno de cada cuatro consumidores de alcohol del último año presenta uso problemático de la bebida, ya sea por abusos por ingesta, consumo de riesgo, consumo perjudicial o dependencia. En términos absolutos esto representa a 260.000 personas, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Hogares, difundida en mayo pasado por la Junta Nacional de Drogas.
Existen también otras cifras que llaman la atención: el consumo per cápita es de 6,3 litros de alcohol anuales en los habitantes mayores de 15 años, siendo los 13 la edad promedio en la que se comienza a ingerir la sustancia. Asimismo, se estima que solamente el 1% de los alcohólicos se somete a algún tipo de tratamiento
Otra información proveniente de la Junta Nacional de Drogas indica que el 23% de los delitos registrados en seccionales policiales tiene como protagonistas a personas que están bajo efectos del alcohol, mientras que en el 40% de los accidentes mortales está involucrado el alcohol.
Con estos datos a la vista el gobierno anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley que prohibirá el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos entre los que se incluyen parques, plazas o la vereda, entre otros.
El proyecto de ley también establecería limitaciones a la publicidad, un sistema de permisos para los lugares habilitados a vender y prohibirá las llamadas “canilla libre y happy hours”, entre otras medidas.
Actualmente está prohibido vender alcohol en espectáculos públicos y deportivos, así como la venta a menores de 18 años, aunque se trata de un aspecto que no está bien controlado porque es habitual verlos tomando bebidas alcohólicas incluso de alta graduación en las calles y espacios al aire libre donde se reúnen, o en locales nocturnos en los que existen cantinas separadas para menores y mayores.
El proyecto de ley, que se perfila como polémico, intenta ir contra una droga socialmente aceptada pero que hace estragos a la interna de las familias y la sociedad en su conjunto. Pero además de una ley, hacen falta recursos económicos y humanos para ejercer los controles adecuados y duras sanciones a quienes violan la normativa. No se trata sólo de seguir legislando o endurecer las penas, sino hacer cumplir las normas que ya están. Sólo así podría evitarse que pase lo que ocurre hoy que, estando prohibida la venta de alcohol a menores, vemos muchos de ellos tomando incluso en la calle. Por otra parte, habría que analizar con mayor profundidad los números y ponderarlos en su justa medida. ¿No será mucho considerar que un 25% de la población tiene problemas con la bebida?