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Paysandú, Domingo 09 de Septiembre de 2012

Asambleístas de Gualeguaychú amenazan con nuevos cortes; Mujica espera que no se concreten

Nacionales | 09 Sep Asambleistas ambientalístas de Gualeguaychú acusaron al gobierno uruguayo de aplicar “trabas e irregularidades” en el proceso de monitoreo y control de las actividades de UPM (ex Botnia). En una carta publicada en la web de la asamblea, reclaman al gobierno argentino tomar medidas que incluyan las acciones judiciales.
El asambleísta Jorge Fritzler dijo a radio El Espectador que “ahora está todo dicho” y opinó que el informe revelado por la Cancillería argentina esta semana “confirma” lo que vienen diciendo hace mucho. “Acá lo que hay que hacer es actuar como se tiene que actuar”, añadió. Afirmó que no se están haciendo las cosas bien y acusó a la Dinama de estar “ocultando información” sobre UPM. Sostuvo que a la hora de llevar adelante medidas “no descartan ninguna” y que los cortes son “espontáneos”, por lo que se organizan en pocas horas.
En el comunicado, los asambleístas sostienen que los intercambios entre las cancillerías de Uruguay y Argentina “pone al desnudo el fracaso de un modelo que, tal como lo denunciáramos oportunamente, lleva el germen de la decepción y la frustración. La Asamblea nunca aceptó el monitoreo, sin embargo, tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se acató dicho fallo que dispuso, entre otras cosas, el control continuo de la planta de Botnia (hoy UPM) y el sector circundante del río Uruguay. De esta manera se propuso a la Cancillería argentina un plan de monitoreo que fue, lisa y llanamente, ignorado”.
HASTA ASTORI ANTE JUSTICIA POR PLUNA
El fiscal Juan Gómez pidió a la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos que cite a varios jerarcas y ex jerarcas de gobierno para que declaren en el marco de la investigación que se lleva a cabo sobre la gestión de Pluna.
Entre las autoridades que deberán presentarse a declarar están el vicepresidente Danilo Astori, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, y los ex ministros Víctor Rossi y Jorge Lepra –a su vez ex gerente general de Pluna--.
También serían citados todos los directores y ex directores de Pluna Ente Autónomo entre 2007 y 2012. La jueza De los Santos deberá decidir las citaciones en el marco de la investigación sobre la denuncia penal presentada por el Partido Nacional por presuntos ilícitos en Pluna S.A. durante la gestión de Leadgate.
PRESENTAN INFORME POR DESAPARICIONES
Uruguay presentará un informe al Comité Contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, informó Presidencia, después que el 31 de agosto el canciller Luis Almagro se reunió con un grupo de organizaciones sociales, la Institución Nacional de Derechos Humanos y el comisionado parlamentario, para darlo a conocer y hacer comentarios al respecto.
“Este comité es el más nuevo de las Naciones Unidas y Uruguay será el primer país en presentar un informe como este, lo que refleja nuestro permanente compromiso con los derechos humanos”, explicó el ministro Almagro. Así, Uruguay será el primer país escrutado y aconsejado por los expertos que integran el organismo. El informe, que fue coordinado por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, indica las medidas que tomó el Estado para cumplir con las obligaciones asumidas al suscribir a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas.
Esta convención, a la que Uruguay adhirió el 6 de febrero de 2007, tiene “naturaleza esencialmente preventiva”, busca “evitar las desapariciones forzadas, reconocer el derecho de las víctimas y de sus familiares, la verdad y la reparación”, explica Presidencia. “La política, el derecho y la ética nos obligan a suscribir esta convención. Se trata de crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en el país y en la región, y hay que evitar, por todos los medios, que vuelvan a suceder”, manifestó el canciller.
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas coordina el Programa de Infraestructura Comunitaria, que mediante un llamado anual convoca a las instituciones culturales, deportivas y sociales del país a presentar sus proyectos con el objetivo de fortalecer las organizaciones de impacto social y la política inclusiva de las actividades que desarrollan con poblaciones más desfavorecidas. Este programa está destinado únicamente a la construcción de infraestructura que permita fortalecer las organizaciones y la comunidad de su entorno. El ministerio aporta 50% de la obra --que no supere 1.500.000 pesos-- y el resto recae en la organización beneficiaria.
Al momento de la inscripción, los postulantes deben presentar un proyecto que contenga los planos, el costo estimado y una memoria descriptiva. La supervisión de la obra es efectuada por un arquitecto designado por el ministerio, que también determina las instituciones con las que se firmará el convenio, mediante la Dirección de Políticas Sociales, que estudia las obras y el beneficio que generan en la sociedad. En 2011 se presentaron 130 instituciones de todo el país, de las cuales fueron seleccionadas 40.
BAJAN LAS RAPIÑAS
Las rapiñas denunciadas en Montevideo bajaron por tercer mes consecutivo en agosto, informó el director del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, Javier Donnángelo. El hecho de que durante tres meses sucesivos se registre un descenso confirma una tendencia en la disminución de los delitos contra la propiedad.
En junio y en la primera quincena de julio las rapiñas habían bajado 15%, comparado con igual período de 2011, anunció el jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, el 20 de julio. Fernández advirtió entonces que se podría hablar de “tendencia firme” en la disminución de los delitos, si se mantenía la situación por tres meses seguidos.


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