Paysandú, Domingo 09 de Septiembre de 2012
Policiales | 09 Sep La jueza penal de Segundo Turno, Karen Ramos, dispuso el envío al Instituto Técnico Forense (ITF) de muestras de sangre del hombre de 42 años que falleciera cuando era asistido por un cuadro agudo de asma en el servicio de urgencias del Hospital Escuela del Litoral, en tanto el director del nosocomio, químico farmacéutico Fernando Rodríguez, aseguró que en ningún momento se le administró al paciente un inyectable sino que el fallecimiento se produjo al sufrir un paro cardíaco en el momento en que le aplicaban nebulizaciones con analgésicos usados en este tipo de casos.
El paciente, que había sido tratado previamente por su dolencia e incluso estuvo internado en el CTI, fue trasladado por un vecino hasta el hospital, adonde ingresó con un severo cuadro asmático. Ante la gravedad del cuadro clínico, los cuatro médicos que cumplían guardia en el servicio de urgencias comenzaron a aplicarle nebulizaciones, cumpliendo –según explicó Rodríguez-- “con el protocolo médico que rige para estos casos”.
Disturbio y graves daños
Según el director del hospital, en momentos en que el paciente recibía ese tratamiento, falleció. Dos de los médicos que lo asistían son cardiólogos y trataron de reanimarlo durante más una hora, sin resultado, por lo que se comunicó a los familiares, quienes ingresaron en forma violenta al hospital y generaron disturbios. Agredieron verbalmente al personal médico y al efectivo policial del servicio de Policía de Puerta, resultando además lesionado uno de los funcionarios del nosocomio.
Uno de los familiares comenzó a dañar equipos médicos, cuyo valor fue estimado por el jerarca en más de 7.000 dólares. Desbordado por la situación, el funcionario policial solicitó apoyo y en respuesta concurrió personal de la Seccional Primera para restablecer el orden. Ante el panorama adverso, los médicos actuantes no pudieron firmar el certificado de defunción y manifestaron incluso su intención de que lo hiciera el forense.
“Situación crítica”
“Esto generó una situación crítica que ameritó que, de inmediato, iniciáramos una investigación administrativa y se dispuso que se practicara una autopsia para determinar la causa de muerte; aún antes de que el examen fuera ordenado por la Justicia”, precisó el director del hospital.
Una vez que la Policía la enteró de lo sucedido, la jueza Karen Ramos dispuso, además de la autopsia, que se indagara a todas las personas involucradas y todas fueran citadas, incluyendo los cuatro médicos que asistían al paciente. Contando con el diagnóstico forense y tras tomar declaraciones, la magistrada actuante ordenó la libertad de los emplazados y que se extrajeran muestras de sangre al fallecido para su envío al Instituto Técnico Forense, a fin de realizarle los exámenes que permitan determinar con exactitud la causa de la muerte.
Preocupado por
alarma generada
El director del hospital manifestó su preocupación por la alarma generada tras la difusión del caso, particularmente la referencia a la existencia de un inyectable que nunca fue administrado. “Cada vez que se registra una situación en la que se pueda llegar a presumir mala praxis, procedemos a instrumentar la investigación pertinente”, puntualizó, y añadió que “no encontramos ningún indicio de mala praxis, por lo que de nuestra parte la investigación ya culminó, independientemente de que será la jueza quien tendrá la palabra final”. Agregó que “este tipo de alarmas pueden provocar desconfianza en los usuarios del hospital, cuando en realidad estamos comprometidos para aportarles todas las garantías en su atención”. Por último, advirtió que los daños generados en el equipamiento pueden llegar a afectar la atención médica y darán lugar a nuevas instancias judiciales.
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