Locales | 13 Sep El diputado Miguel Otegui pidió al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la “reparación urgente de la ruta 26” y a la misma secretaría de Estado elevó un pedido de informes para conocer en que prioridad se encuentra esa ruta dentro del plan de obras a construir mediante Participación-Publico-Privada (PPP).
Otegui aseguró que “la ruta 26 presenta desde hace varios años un importante deterioro, siendo su estado factor de innumerables accidentes de tránsito, algunos de ellos con consecuencias trágicas”. Agregó que “si bien se han realizado tareas de mantenimiento, estas no han logrado mejorar su transitabilidad, por lo que sería trascendente un llamado a corto plazo para su recuperación total”. El diputado nacionalista por Paysandú, explicó además que tomó conocimiento de “la disposición de los diferentes circuitos que conforman los corredores viales del país, mediante la modalidad PPP” por lo que “es imprescindible” conocer “lo relacionado al Circuito 4 que comprende a la ruta nacional 26 en un tramo estimado en los 486,6 kilómetros”.
“Sería importante conocer además el monto de la inversión inicial” así como la “estimación de la etapa de la entrega del perfil por parte de la Corporación Nacional para el Desarrollo y la elegibilidad al MTOP”.
La ley de “Contratos de Participación Público-Privada para la Realización de Obras de Infraestructura y Prestación de Servicios Conexos” (PPP) fue aprobada por el Parlamento el día 12 del mes de julio de 2011, que supone la contratación entre privados y el Estado para llevar a cabo obras de infraestructura para el país.
La necesidad del Uruguay en infraestructura cada vez es más notoria, la demanda de infraestructura tanto económica (carreteras, puentes, puertos) como social (hospitales, escuelas, cárceles) en los próximos años seguirá subiendo. Para solucionar este problema se aprobó esa ley que permite que entidades privadas celebren un acuerdo con el Estado para satisfacer la necesidad pública. En estos acuerdos se distribuyen riesgos, recursos y beneficios. La ley no derogó los diferentes regímenes de contratación vigentes, como la Ley de Concesiones de Obras Públicas y el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).