Opinion | 10 Sep En Uruguay el número de reclusos se acerca a 10.000 en todo el país, o casi uno cada 300 habitantes. Bastante menos que Estados Unidos, que tiene uno recluso cada 100 habitantes. Mucho más que San Marino, que tiene 1 preso en 32.000 habitantes.
Según datos del Centro Internacional de Estudios Carcelarios, del King’s College de Londres, que toma 218 países del mundo para realizar un estudio de la cantidad de reclusos, la media en esa cantidad de naciones es uno cada 125 habitantes.
Sin duda, en Uruguay la cantidad de presos no es tan significativa, pero es un enorme peso para el Estado, con costos muy elevados. Eso ha llevado al gobierno a establecer políticas blandas con los presos para que recuperen la libertad lo antes posible, haciendo énfasis en la recuperación de los condenados, lo que por cierto debe ser el objetivo final del sistema de encarcelamiento.
No obstante, hay que ser cuidadosos. Seguramente si se le pregunta a la sociedad, estará más motivada a pagar el costo por mantener encerrados a los delincuentes que en liberarlos cuanto antes.
En Paysandú hace pocos días un recién liberado cometió otro delito. Y la recolección de firmas para llegar a la baja de la edad de imputabilidad se completó sin inconvenientes pese a la fuerte oposición del partido en el gobierno.
Se insiste con la recuperación, hay un proyecto de darle trabajo a los reclusos y paulatinamente las condiciones carcelarias se tornan blandas con frecuentes salidas, realizando prácticamente una vida normal, excepto que deben volver a pernoctar al establecimiento carcelario.
En eso se equivoca el gobierno. Lo que primero debe hacer un delincuente es pagar su deuda con la sociedad. Es parte de su rehabilitación sufrir el encarcelamiento tan extensamente como su pena lo merezca para que comprenda la gravedad de su delito. Recuperarlo es el objetivo, pero no se puede recuperar a nadie si cuando cae preso todo lo que se le brinda son derechos, esparcimiento, salidas transitorias frecuentes, dinero y una vida sin preocupaciones.
El gobierno se equivoca tratando de solucionar un problema con base económica, liberando tantos presos como se pueda en el menor tiempo posible. Eso aumenta la inseguridad y abona el camino para un fácil y contundente triunfo de la intención de reducir la edad de imputabilidad. Lo que resulta lógico, si van a poder votar a los 16... ¿por qué no pagar con cárcel sus delitos?