Opinion | 08 Sep De acuerdo al último informe de competitividad global del Foro Económico Mundial (FEM), Uruguay tuvo una de las peores caídas en su competitividad 2012-2013 y pasó a ocupar el puesto 74º, cuando en 2011 estaba en el lugar 63º en la lista de 144 naciones. El citado estudio es elaborado por siete economistas de la Universidad de Columbia y mide la competitividad de los países, además de detectar los escollos que les impiden avanzar en esa área.
Según este documento, la caída se debe a “presiones inflacionarias” y una alta deuda pública, que han deteriorado las condiciones macroeconómicas “y han hecho aparecer dudas sobre la sustentabilidad de los recientes índices de crecimiento”.
En realidad no se necesitaba un estudio de estas características para asumir que desde hace tiempo nuestro país está perdiendo en la relación de costos para producir respecto a naciones de fuera de la región, fundamentalmente, pero es importante contar con un análisis externo de los factores que nos sitúan en esta pendiente, aún teniendo en cuenta la ventaja comparativa para las producciones de gran volumen y bajo valor relativo, como las materias primas que vendemos.
El informe hace hincapié en que Uruguay cuenta con uno de los sistemas laborales más rígidos del mundo ante la dificultad para contratar y despedir, falta de flexibilidad para determinar el sueldo y sin relación entre el pago y la productividad, así como un sistema educativo que no genera los conocimientos que se necesitan para los negocios en el mundo actual.
En la comparación con los países vecinos no estamos tan mal, sin embargo, desde que por ejemplo Argentina tiene aún peor nota para el FEM, ante el deterioro de la situación macroeconómica del país, en tanto en el caso de Brasil se da la situación inversa, por cuanto nuestros vecinos del Norte han mejorado cuatro puntos respecto a su anterior clasificación.
En tanto Venezuela, nuevo socio del Mercosur, se sitúa en los últimos lugares de la lista, sobre todo por el mal funcionamiento de las instituciones públicas.
Chile, en cambio, sigue como la nación más competitiva en América Latina, y le siguen en la lista antes que nosotros Panamá, Brasil, México, Costa Rica, Perú, y Colombia, en una región que presenta mejoras respecto a la situación de hace unos años, lo que más que por méritos propios responde a la coyuntura favorable de la economía mundial y a la receptividad a las materias primas que ha hecho que se derramen efectos beneficiosos sobre las otrora complicadas economías del mundo en desarrollo.
Esta mejora, empero, está signada por una infraestructura muy pobre para apuntalar el crecimiento de la región, serias deficiencias en el sistema educativo y escasa inversión en investigación y desarrollo para sustentar la economía en crecimiento. Si estos instrumentos evolucionaran favorablemente, permitirían una mejora significativa de la competitividad regional.
En el caso de nuestro país precisamente nos cae el sayo, aún con nuestras particularidades, porque nuestra mejora relativa en un mundo con dificultades no alcanza para compensar que sigamos cayendo en la competitividad, debido a que hay factores que inciden para que sea cada vez más caro producir bienes y servicios en comparación con el mundo exterior, y no solo con los competidores.
El punto es que el costo país, debido fundamentalmente al peso del Estado, es el factor condicionante más severo para los sectores reales de la economía, lo que se conjuga con un tipo de cambio que sigue depreciado --pese a un aumento significativo en las últimas semanas-- y una inflación elevada, siempre muy por encima del rango previsto por el Banco Central, que no puede ser frenada por el tipo de cambio.
En gran medida esta inflación es consecuencia de una presión de la demanda por bienes y servicios que no pueden ofrecerse a menor precio por los altos costos a que nos referíamos, entre ellos los salarios medidos en dólares, y también por tarifas de servicios que empujan al alza los insumos.
El punto es que se ha incrementado el gasto público en medio de la bonanza sin mejorar significativamente la infraestructura ni la educación, como así tampoco la investigación y mucho menos aún se ha empezado a adecuar el Estado a las necesidades del país, sin siquiera incorporar como un valor fundamental en el esquema laboral el referente a la productividad, que hace la diferencia a la hora de evaluar los costos de lo que se produce y se pretende vender al exterior.
Y mientras la idea de los sindicatos del Estado sea solo exigir más y más aumentos, sin contrapartida de eficiencia, la educación siga postrada y sigamos con infraestructura en déficit, poco puede esperarse en cuanto a la mejora de la competitividad, lo que significa que por ahora seguiremos expuestos a los avatares de la economía internacional, donde la bonanza no va a durar para siempre, lamentablemente, como enseña la experiencia.