Nacionales | 16 Sep Ante la renuncia presentada por unos 50 cirujanos a ASSE, el gobierno evaluaba anoche solicitar una ley de emergencia sanitaria que la neutralice, luego que un grupo de cirujanos anunciara ayer que presentará su renuncia ante la falta de acuerdo por el pago de la nocturnidad. Ante esta situación el Ministerio de Salud Pública (MSP) decretó la esencialidad, aunque los cirujanos argumentan que el decreto no los afecta porque muchos no son funcionarios presupuestados, sino que fueron contratados por la Comisión de Apoyo de ASSE, según indicó El País.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo que el gobierno está “evaluando aplicar una ley de emergencia sanitaria y, de concretarse, los cirujanos (que renuncien) tendrán la sanción correspondiente”.
“Discrepamos con los conceptos vertidos acerca de los alcances del decreto de esencialidad. Es un error por parte de los cirujanos”, dijo Brenta ante la interpretación de los efectos de la esencialidad manejada por los médicos.
Para Brenta, “la ausencia de asistencia puede configurar una situación de omisión de asistencia”, e indicó que según información primaria no todos los cirujanos presentaron su renuncia el sábado. “Muchos de ellos concurrieron a trabajar con normalidad” puntualizó el ministro. El motivo del conflicto, que es el pago por nocturnidad, supone una retribución 30 por ciento superior al valor hora en guardias que van desde las 2 hasta las 6 de la mañana. Para los cirujanos, eso supone un costo “insignificante” para ASSE, del orden de los U$S 250.000 anuales para todos los cirujanos del país.
Este es el segundo decreto de esencialidad en el sector de la salud en menos de un mes. Semanas atrás, el MSP solicitó la esencialidad para los funcionarios no médicos luego que fracasaran las negociaciones entre la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) y ASSE. Los trabajadores habían anunciado una serie de ocupaciones de hospitales que finalmente no se concretaron, ante la intervención del Pit Cnt.
MISIÓN POR PETRÓLEO Y GAS
Una misión de alto nivel del gobierno, junto a empresarios, viajará a Angola en octubre, presidida por el canciller Luis Almagro. Entre sus cometidos tendrá firmar un acuerdo “marco”, a efectos de posibilitar la compra de petróleo y gas licuado a la empresa estatal angoleña Sonangol.
El grupo estará integrado también por el presidente de Ancap, Raúl Sendic, junto a directores de empresas públicas y privadas, de acuerdo a lo informado por Presidencia de la República.
Este acuerdo permitiría por una parte la participación uruguaya en la explotación de crudo en Angola, al tiempo que empresas de ese país podrían sumarse a la producción de biocombustibles por el ente nacional.
Asimismo, Angola daría apoyo a la red de distribución de combustible de Ancap y en la consultoría de gestión de estaciones de servicio.
De acuerdo a lo señalado por voceros del gobierno, Uruguay busca potenciar su relación con ese país, primer productor de crudo de África y octavo a nivel mundial. Paralelamente, la Cancillería se apresta a abrir en Angola la tercera embajada nacional en el continente africano.
SANGUINETTI CUESTIONA INFORME ARGENTINO
El ex presidente Julio María Sanguinetti cuestionó el tono del reciente comunicado sobre UPM que emitió Argentina y afirmó que Uruguay “tiene la certeza” que la empresa no contamina. El ex mandatario se refirió en duros términos al diferendo binacional, que cobró en las últimas semanas nuevos picos de conflicto tras el cruce de comunicados entre ambas cancillerías.
Según publica Infobae, Sanguinetti habló en el marco de una disertación ante la Universidad Católica Argentina como invitado. El dos veces presidente calificó de “inaceptable” el tono del reciente informe de la Cancillería argentina, en donde se acusó a Uruguay de “obstruir” los controles ambientales sobre la ex Botnia.
“El tono del documento es ina ceptable. Las diferencias deben discutirse con respeto”, señaló Sanguinetti en rueda de prensa. Aseguró que en Uruguay “tenemos la certeza de que la planta está produciendo dentro de los parámetros permitidos, y por eso lamentamos que los informes sobre los resultados de los controles a la fábrica no se hagan públicos”. Sanguinetti dijo entender “cierto recelo” de Argentina por el retraso en la difusión de los informes. “Este es un conflicto que lleva mucho tiempo. Tenemos diferencias que hieren y dañan la relación, más allá de los gobiernos”, dijo.
En su disertación ante la UCA, Sanguinetti se refirió también al polémico ingreso de Venezuela al Mercosur, tras la suspensión de Paraguay luego de la destitución de Fernando Lugo.
“Ambas cosas se resolvieron de un modo equivocado”, señaló, ya que “más allá de lo que podamos pensar del proceso paraguayo, el bloque no se atuvo a su propia legalía. Podemos pensar que la destitución del presidente paraguayo fue un acierto o un error, pero no hay dudas que el proceso se desarrolló dentro del respeto a la Constitución paraguaya. Federico Franco no es un usurpador, ya que era el vicepresidente”.
Sanguinetti recordó que al respecto Uruguay cambió a último momento la posición que llevaba a la Cumbre de Mendoza y señaló la “incompatibilidad” entre Venezuela y el resto del Mercosur.
SANCIONES POR INCUMPLIR NORMAS
DE CONVIVENCIA
El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que penaliza a quienes participen en picadas, tiren basura en la vía pública, conduzcan sin libreta o alcoholizados, entre otras faltas, dio cuenta Últimas Noticias.
Precisamente el documento del Ejecutivo prevé una serie de faltas para quienes incumplan con normas básicas de convivencia. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Homero Guerrero, indicó que las faltas están previstas en el código penal de 1934.
Aquellos ciudadanos que tiren la basura en la vía pública, acampen en espacios públicos sin permiso, participen en picadas, conduzcan sin licencia o bajo los efectos del alcohol, serán pasibles de sanciones.
Guerrero afirmó que “se trabajará junto a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para agilizar el tratamiento de estos delitos menores y si es necesario crear nuevamente algún Juzgado de Faltas”. Estos fueron eliminados hace tres años.