Opinion | 12 Sep Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, quedó con sanción definitiva la ley que convierte a toda la población en potencial donante de órganos, excepto si la persona expresa su oposición en vida. Se trata sin dudas de una medida que busca reducir la falta de órganos y los tiempos de espera para un trasplante. Por tanto, la intención es muy loable y claramente la donación de órganos es un tema a impulsar decididamente.
Una legislación similar rige en países como Austria, Bélgica, Francia, Italia, Grecia, Noruega, Suiza, Suecia y España, aunque en la mayoría se requiere también el consentimiento de la familia. Brasil aprobó en 1997 una norma habilitando el consentimiento presunto pero ante la protesta pública que generó fue abolida.
En Uruguay, la ley de 1971 que regula la donación de órganos preveía que son donantes las personas que hayan declarado en vida su voluntad de serlo o que lo hagan a través del consentimiento de familiares tras su fallecimiento. Desde 2003, además, se estipula que son donantes presuntos las personas que fallecen por una muerte violenta que requiera pericia forense.
Desde que todos podemos en un futuro más o menos cercano necesitar de un trasplante, resulta lógico que todos podamos ser potenciales donantes. Eso es una cosa, pero otra muy diferente es que el Estado, por sí y ante sí, se arrobe el derecho a determinar que todos somos donantes por el simple trámite de una ley.
Cada uno de nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. Al menos, así debería ser. No lo es el gobierno, sea el que sea que le toque el turno. Ese argumento el propio gobierno lo usa para impulsar la ley de “Salud sexual y reproductiva”, que hace legal el aborto. Pero en la nueva ley de donación de órganos, utiliza el argumento a la inversa: el Estado decide qué hacer con nuestros cuerpos “de desecho”, luego de fallecidos.
No es ciertamente el camino. Especialmente en Uruguay, donde si bien es cierto hay falta de donantes no lo es por responsabilidad de la propia población. Los uruguayos tienen una cifra muy baja de rechazo cuando se les pregunta si quieren ser donantes, en el entorno al 15 o 16%. Por tanto, más del 80% dice que sí. Actualmente hay unos 526.000 uruguayos --en 3.3 millones de habitantes-- que manifestaron su voluntad anticipada de donar, lo que representa una tasa de donantes efectivos de 17 por millón de habitantes, la más alta de América Latina.
Con solamente hacer una campaña bien dirigida, los uruguayos hubiéramos respondido. Ahora, obligados es otra cuestión. El gobierno se equivocó en lo más simple: no preguntó a la población. Mala praxis gubernamental.