Opinion | 13 Sep Seguramente ha de haber pocos casos en el mundo, o al menos entre las repúblicas democráticas serias, en que un organismo sea juez y parte al mismo tiempo, y que a la vez a través de esta prerrogativa tenga la posibilidad de más o menos disimular falencias en su gestión, como es el papel que cumple el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), en base a la norma instituida a través del Código de la Niñez y la Adolescencia.
El citado código, a la vez de establecer una serie de elementos que constituyen una sobreprotección para los menores infractores, también establece que el INAU puede aplicar severas multas a medios de prensa si entiende que “vulneran” derechos de los menores. Paradójicamente se trata del mismo organismo que incumple con su función de control y protección a los menores, cuando han ocurrido hechos como la prostitución de niñas y adolescentes que están internadas a su cargo, o se venden bebidas alcohólicas a menores en la madrugada a la vista de todos sin que el INAU se dé por enterado, o que infractores a su cuidado entran y salen a piacere de los centros de reclusión, que tampoco cumplen su cometido de rehabilitarlos.
Tenemos por un lado muy presente y vigente el caso de El Heraldo, de Florida, que fue embargado por 5.300 dólares, por no pagar una multa que le aplicó el INAU de esa ciudad por una nota que publicara sobre la violación de una menor. Esta sanción pone en riesgo la viabilidad del periódico, por tratarse de una publicación del Interior que subsiste en medio de las dificultades características del periodismo de tierra adentro. Por otra parte, el diario floridense resultó ser el único medio sancionado por la difusión de la información, que sin embargo tuvo similar tratamiento en otros informativos de la capital.
En la misma línea el citado instituto y a más de dos años de su publicación, evalúa multar al matutino capitalino El País, por una nota sobre una banda de menores infractores con un profuso historial delictivo, con énfasis en el “Ricky”, menor fugado del INAU que había integrado una banda con la amenaza de detonar una granada y otra conocida como “la banda del marrón” que se había especializado en robar locales de pagos.
Un año y medio después, el Departamento de Tasas y Multas de la División Jurídica del INAU propuso multar al diario montevideano con un monto a fijar de entre 50 y 200 unidades reajustables, pero el Directorio del organismo aún no se ha pronunciado.
El cuestionamiento del INAU refiere a que se proporcionaron datos que podrían llevar a la individualización del adolescente, a la vez de entender que “se dan elementos o mensajes que pueden llegar a la vulneración de los derechos de los adolescentes cuando se menciona la edad, como asimismo en cuanto a la mención del barrio”, un prurito que sin embargo no se tiene desde el Estado cuando menores que son feroces delincuentes arrebatan vidas, agreden a ancianos y hasta tiran a matar aún cuando ya han consumado la rapiña o el atraco. Bajo tal óptica, ahora no podría mencionarse la edad del delincuente si es menor a 18 años, sin importar la ferocidad de sus actos, decir en qué barrio o zona vive o hasta su apodo, muchas veces tan genérico como “El Ricky” y que suele ser hasta inventado por la misma prensa para sin identificar al malviviente, saber que se está hablando de la misma persona en diferentes hechos.
Por cierto que la discrecionalidad que se otorga al INAU para sancionar a su leal saber y entender es un arma de doble filo y una amenaza real para la libertad de prensa, cuando quien debería juzgar en estos casos es la Justicia, como poder independiente. De otra forma el poder punitivo queda en manos de un organismo que por su propia concepción está en la vereda opuesta del periodismo, porque ciertamente al velar por los intereses y derechos de los menores procurará que nadie sepa de los desbordes que cometen, y esto pesa al momento de tomar medidas contra los medios que a su vez, no tienen armas legales para defenderse.
Ante estos elementos de juicio es de recibo la iniciativa del senador colorado José Amorín Batlle, por la que apunta a enmendar el error cometido por los legisladores que aprobaron un Código de la Niñez y la Adolescencia, con demasiadas atribuciones y responsabilidades que aunque apenas cumple con algunas de ellas, nadie es responsable de tales omisiones.
Amorín puso el tema en sus justos términos cuando indicó a EL TELEGRAFO que “el INAU pasa a ser juez y parte, lo que es intolerable desde mi punto de vista, y no por este gobierno, sino con cualquiera”.
Asimismo consideró que “el INAU responde al Poder Ejecutivo y a su vez éste tiene ciertas formas de presionar a la prensa. Y en este caso es el INAU quien sanciona y quien cobra”, por lo que en su proyecto de ley el legislador promueve que quien decida en estos casos sea la Justicia la que diga “qué artículo se violó y la sanción que corresponde en dinero”, por cuanto “eso nos da la tranquilidad a todos; hay separación de poderes en la República, mientras que de la otra manera no”.
Este es precisamente el punto que ha sido vulnerado por la norma vigente, que debe modificarse para evitar cualquier posibilidad de desviación de poder y dejar de presionar a los medios de prensa para que no informen sobre lo que determinado organismo o gobierno de turno no quiere que se difunda. Y fundamentalmente, por un hecho de justicia, que los controles se hagan para todos y no sólo para los que le quede cómodo al director o funcionario de turno.