Opinion | 16 Sep El Poder Ejecutivo enviará mañana al Parlamento un proyecto de ley denominado “Ley de faltas y de cuidado, conservación y preservación de los espacios públicos”, cuyo objetivo es establecer medios de sanción de conductas antijurídicas menores, eliminar aquellas que están en desuso y crear nuevas.
La novedad es que existen faltas que figuran en el Código Penal y no tienen aplicación por lo que serán eliminadas, para agregar nuevas que se adecuen a las necesidades de la sociedad actual, con énfasis en la convivencia y los espacios públicos.
En tal sentido, la nueva ley penará el hecho de arrojar basura o desperdicios, acampar de forma indebida en espacios públicos, participar en “picadas” entre vehículos, conducir sin licencia o bajo los efectos del alcohol. En ambos casos, se dispondrá la requisa inmediata del vehículo, sin importar quién sea el propietario y el producido de la venta del vehículo se destinará a la Unidad Nacional de Seguridad Vial.
La instigación de niños a la mendicidad, así como la mendicidad con acoso y coacción (que incluye a quien se acerque a vehículos con el fin de ofrecer limpieza de vidrios, venta de artículos, petición de dinero o recabarlo por concepto de vigilancia callejera de autos y que no cuente con autorización municipal, “provocando con ello molestias o inconvenientes”), también será castigada.
Las penas serán en primera instancia con trabajo comunitario de dos horas diarias durante un período de 7 a 30 días y, luego, con prisión equivalente. La introducción, depósito, venta, transporte o fabricación de sustancias explosivas sin permiso, la omisión por el dueño de precauciones respecto de las construcciones ruinosas; el disparo de armas de fuego y petardos en lugares poblados, y la ocupación indebida de estacionamientos destinados a personas con capacidades diferentes también están en la lista de faltas.
La enumeración da cuenta claramente que el Ejecutivo centra su batería de sanciones a distintos aspectos de la inseguridad que preocupa a la población en las encuestas y más allá de la oportunidad de alguna de las medidas o el grado social de acuerdo, cabe decir que de poco sirven las leyes si después no hay medios para controlar su cumplimiento o por la fuerza de los hechos es casi imposible hacerlo o sencillamente sería una exageración hacerlo. ¿Quién controlará 24 horas los contenedores de basura para ver quiénes desparraman y quién a los que tiran petardos desde una semana antes de Navidad?