Escribe el doctor Rodolfo Canabal

Locales | 18 Sep Un nuevo conflicto ha sido planteado por un sector médico: el de los cirujanos contratados por la Comisión de Apoyo a ASSE para actuar en los servicios a su cargo, el cual ha creado problemas para la normal prestación de sus servicios profesionales. Ello impone, como ha sido normal en casos anteriores referidos a otros servicios médicos en conflicto, que en esta columna se aborde este tema tan importante, y que se reiteren conceptos ya emitidos precedentemente.
No hemos de entrar al análisis de las cuestiones concretamente abarcadas en lo que se reclama al plantearse dicho conflicto; como siempre se ha señalado, no se desconoce el derecho que asiste a los profesionales médicos a pugnar por el mejoramiento de sus retribuciones, de sus condiciones de trabajo, para que se adecuen a la trascendencia, a la responsabilidad y a la dignidad de la función; y también el deber de las autoridades que tienen a su cargo las respectivas funciones de dirección y administración, de definir, de resolver, debida, pero también oportunamente, o sea sin excesivas demoras, los planteamientos que les son formulados.
Agregamos que es indiferente para resolver el conflicto quién contrató en el caso a los profesionales en conflicto, pues lo esencial a considerar es la naturaleza de los servicios que deben cumplir.
Es en primer término importante reiterar que el ejercicio de ningún derecho carece de límites, legales, racionales o éticos; que toda función que se realiza en el ámbito social tiene deberes, responsabilidades y padrones de ejercicio que, normal y naturalmente, imponen que tal ejercicio se deba acompasar a dichas responsabilidades y a los indiscutibles derechos de quienes son los destinatarios naturales de sus servicios.
Como también antes se ha subrayado, se ha de tener presente también que no todas las tareas y trabajos tienen idénticas responsabilidades; ellas son mayores o menores en función de los valores que les corresponde amparar. Y a ello se debe agregar, con relación al ejercicio de las profesiones que requieren formación universitaria, lo que ya hace muchos años proclamó la Unión Mundial de las Profesiones Liberales: por sus exigencias de formación, por la forma de su regulación y por el nivel ético que con plena justificación se exige y controla en quienes las ejercen, ciertas formas de acción para la defensa de los derechos de los respectivos profesionales, en cuanto importen no cumplir cabalmente los deberes para la tutela de la salud, de la vida y de la dignidad de quienes son sus destinatarios, no estarían debidamente acompasados con los compromisos esenciales que impone su debido ejercicio.
Por fundamentos basados en los conceptos que se han expuesto, en casos anteriores similares al conflicto médico actual se expresó en esta columna que era deseable que, una vez atenuado el calor del enfrentamiento, se reflexionara con serenidad acerca del conflicto y de su desarrollo.
Por ello hoy nuevamente, al formular igual llamado a la reflexión sobre sus causas, su desarrollo, pero por encima de todo sobre la trascendencia en el caso concreto de las medidas de lucha ejercidas, se piensa que es indispensable advertir cuál es el límite que, en los conflictos planteados relativamente a los servicios de salud, es razonable dar a las medidas de lucha con las cuales se apoyan los reclamos, y fundamentalmente si tal límite no ha sido rebasado.
Es con profunda convicción que se entiende pertinente expresar los conceptos que, muy sintéticamente reitera esta nota, los cuales se emiten sin perjuicio del muy alto respeto dispensado siempre a los profesionales médicos, confirmado a través de largos años de actividad, en el ámbito gremial, en acciones coincidentes con el Sindicato Médico del Uruguay, y también en la Comisión Nacional de Ética Médica que actuó hacia 1983/84. Por tanto, sólo resta señalar que se espera, y descuenta, que autoridades y profesionales logren acordar sin más demora una fórmula que ponga fin al actual conflicto.