Nacionales | 20 Sep El gobierno español transmitió al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que aguarda que Uruguay colabore en el desmantelamiento total del grupo terrorista vasco ETA y no ampare a miembros de la organización que escapen de su país. Bonomi asistió a la Cumbre de Ministros del Interior de Iberoamérica, que se desarrolló en Valencia, instancia que España aprovechó para introducir el factor ETA en la agenda, lo cual despertó polémica en la reunión.
Además de nuestro país, España solicitó la colaboración de Venezuela, Cuba y México para apoyar y agilizar los procedimientos judiciales para deportar a miembros de ETA que se radicaron en Latinoamérica y tienen causas abiertas en el país europeo, impedir el ingreso de terroristas que huyen de la Justicia en su país y por no legitimar desde los gobiernos a los representantes políticos que respaldan el accionar del grupo terrorista.
En Uruguay hay tres miembros de ETA identificados por los servicios de Inteligencia de su país, quienes desarrollan una vida normal aunque dos de ellos poseen causas abiertas en España y sobre uno existe un pedido de extradición, según señaló el director del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista del Ministerio del Interior español, Joaquín Collado Callau, a El País. El gobierno español estima que unos 80 etarras huyeron de la Justicia española y se alojaron en América Latina, y aunque no desarrollan acciones militares, son activistas pro ETA. Desde el punto de vista militar, ETA ha sido derrotada aunque decenas de sus miembros se encuentran operativos pero dispersos, sin capacidad operativa, estructura ni mando, según España. Algunos de esos miembros buscan radicarse en Latinoamérica, lo que justifica la ofensiva española en el marco de la Cumbre de Ministros del Interior en Valencia.
En tanto el ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, dijo al matutino capitalino que “la organización terrorista ha cesado definitivamente su actividad, pero desde que cesó el fuego no se ha negociado ni se negociará nada. ETA cesó el fuego no por razones éticas o morales, ni porque renuncie al asesinato político o a la extorsión, sino que lo hizo porque fue derrotada policialmente. Ahora exigimos su disolución incondicional y eso lo hemos trasladado a todos los representantes de la comunidad iberoamericana”.
Fernández Díaz agregó que “para el gobierno lo sucedido se resume en que hubo una organización terrorista que quiso imponer objetivos por la vía armada y en un Estado de Derecho eso no se puede consentir, esas personas han sido detenidas, puestas a disposición de la Justicia, han tenido juicios con todas las garantías, han sido condenados, cumplen sus penas y más nada”.
Por su parte, Bonomi no consideró que el factor ETA sea el tema más importante de la agenda. Sostuvo que “el ministro de España planteó en forma particular que su gobierno se propone que ETA no sólo deje de actuar sino que desaparezca como organización, plantea la disolución total de la organización. Nos dijo que esa es la postura de España frente a ETA, que plantea negociar en el sentido de actuar sin armas pero como organización política y eso España no lo comparte”.
“La última vez que vine a España, el ministro del Interior del gobierno anterior (del socialista José Luis Rodríguez Zapatero) planteó que en Uruguay había tres vascos de ETA que estaban desactivados, tranquilos, y que aspiraban a que siguieran así y que Uruguay no permitiera actividades antiespañolas. Eso fue en el otro gobierno. En este gobierno (del Partido Popular) se planteó que la posición española es clara en cuanto a aspirar a que, además de dejar de actuar desde el punto de vista militar, también que desaparezca como organización”, añadió.
España trabaja para controlar el retorno de españoles que pudieran tener causas abiertas en su país y negó que exista un programa para la reinserción social de quienes han sido miembros de la banda terrorista, remarcó Fernández Díaz. “Estamos trabajando para ver qué personas hay en el exterior con causas abiertas en España. Vigilamos un retorno controlado, si algún español tiene causas pendientes con la Justicia tendrá que responder a ella y a eso responden nuestros trabajos, no hay un programa para traer sino un gran esfuerzo para controlar a quienes quieran venir”, acotó.
SMU: LAS SANCIONES
SON “DESMEDIDAS”
Las sanciones adoptadas por el Poder Ejecutivo con respecto al conflicto que mantienen los cirujanos que renunciaron a ASSE, fueron consideradas como “desmedidas” por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU). “Las medidas preocupan”, dijo el presidente del SMU, Martín Rebella, en referencia a que el gobierno suspenderá las habilitaciones profesionales en caso de incumplir asistencia y evalúa realizar sanciones penales.
“Lo vamos a seguir con atención, ya le estamos pidiendo a los asesores jurídicos que sigan este tema”, manifestó a radio Universal. “Más allá de las discrepancias que podamos tener con los colegas cirujanos, nosotros vamos a defender a nuestros socios en esta situación hasta las últimas consecuencias porque creo que (lo hecho por el gobierno) está fuera de contexto”, añadió. “La conflictividad estaba en una vía de posible resolución en estos días” y “no parece atinado que el propio Poder Ejecutivo plantee esta confrontación tan importante”, señaló.
Consideró que “probablemente algunas cosas que plantearon sean anticonstitucionales”, pero reconoció que quiere tener “los asesoramientos jurídicos” antes de confirmar que sea así. “Esto es una especie de castigo por una discrepancia o una medida gremial, realmente nos preocupa mucho”, agregó. Recordó que la Comisión Honoraria de Salud Pública ante casos de médicos que se apartaran de la ética profesional tenía la posibilidad de eventualmente inhabilitarlo hasta un plazo máximo de 10 años. “Pero había garantías para el colega que iba a ser investigado”, señaló.
Con respecto al anuncio de la redacción del proyecto de ley de emergencia sanitaria, Rebella opinó que “tampoco parece muy razonable”. Para el presidente del SMU, “ante verdaderas emergencias ya está habilitado el gobierno” a poner en curso recursos médicos para que no se generen conflictos. “Somos médicos, responsabilidad social tenemos y ninguna de las actitudes que podamos tomar pueden poner en riesgo la salud de la población”, dijo.