Nacionales | 22 Sep En 2013 Uruguay ocupará la vicepresidencia del Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Organización de los Estados Americanos y en 2014 ocupará la Presidencia. El secretario general del organismo, Carlos Díaz, indicó que la designación demuestra la solidez del sistema antilavado en Uruguay y el buen relacionamiento con los organismos internacionales. Por otra parte, el próximo año Uruguay también presidirá el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud), organización intergubernamental que agrupa a varios países de América para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
“Durante el año 2013 será la primera vez que Uruguay de sempeñe simultáneamente dos cargos de máxima relevancia en materia de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Los cargos internacionales no son decorativos; posibilitan que el país acceda en forma actualizada a la evolución de los requerimientos internacionales”, señaló Díaz.
La Secretaría Nacional Antilavado de Activos “ha sido permanentemente apoyada por diferentes reparticiones del Estado, siendo fundamental la participación de todas las dependencias del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay, que han permitido el diseño, mantención y seguimiento de un robusto sistema antilavado de activos que merece el reconocimiento internacional, como da cuenta la posición de Uruguay en la región”, agregó. El 30 de agosto de este año fue aprobado el decreto 289/2012 que establece la estrategia nacional contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Díaz dijo que si bien las medidas fueron aprobadas recientemente, algunas de ellas ya se han cumplido, y particularmente destacó la creación de un sistema de información estratégico, donde se compilaron las normas en materia de lavado de activos y combate al terrorismo, cumpliendo con una exigencia del Gafisud. El jerarca indicó asimismo que la nueva legislación de las sociedades anónimas facilitará el control del lavado de activos. La propia Secretaría Antilavado tiene acceso a los datos en tanto lo haga con autorización de un juez.
MSP Y FUNCIONARIOS FIRMAN PREACUERDO
Con el objetivo de solucionar el conflicto en la salud, el Ministerio de Salud Pública y los funcionarios no médicos firmaron un acta de preacuerdo. Las partes establecieron conformar una comisión que contempla las situaciones laborales de los trabajadores de ese ámbito. Tras la firma, el ministro Jorge Venegas dijo que “el documento firmado implica redoblar el compromiso en función del bienestar de la población”. Este documento establece que las partes antes mencionadas se comprometen a dejar establecida una Comisión de Alto Nivel para buscar potenciales acuerdos que fortalezcan a ASSE. La comisión tendrá el cometido de instrumentar los llamados para cubrir puestos de trabajo en el ámbito de la salud, con prioridad en las unidades ejecutoras de Salto, Melo, Paso de los Toros, Canelones, Las Piedras, Mercedes, Nueva Palmira, Dolores, en el los hospitales capitalinos Pasteur y Pereira Rossell.
Además, tendrá la finalidad de realizar un análisis de la estructura de ASSE, priorizar grados y escalafones posgrados y así proponerse construir una nueva escala salarial para sus funcionarios. El texto del preacuerdo establece que se incluirá en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas las modificaciones que permitan comenzar, en algunas unidades ejecutoras, la ocupación de puestos vacantes necesarios para cumplir los servicios de limpieza y alimentación. En el presente, éstos son suministrados por empresas tercerizadas en las áreas del centro de tratamiento intensivo y block quirúrgico mediante el mecanismo de contrato a término. El salario nominal para los contratos a partir del 1º de enero de 2013 será de $ 15.000 por 36 horas de trabajo, $ 16.667 por 40 horas semanales y $ 20.000 por 48 horas. El preacuerdo se transformará automáticamente en acuerdo una vez comunicada su ratificación ante el Ministerio de Trabajo por parte de ASSE y la Federación de Funcionarios de Salud Pública. “En un mes y 16 días de conflicto destacamos la madurez adquirida por las partes para solucionar los problemas de la salud”, indicó Venegas, quien aclaró que el MSP está dispuesto a dialogar para llegar a acuerdos “siempre que el presupuesto lo disponga”. El representante de la Federación, Pablo Cabrera, señaló que el jueves de la próxima semana analizarán el acuerdo en asamblea.
FISCALÍA MILITAR PIDE EL PROCESAMIENTO DE ALBERTO CARAMÉS
La Fiscalía Militar pidió el procesamiento del último ex comandante en jefe de la Armada, Alberto Caramés, por maniobras delictivas, en tanto la Justicia Militar procesó al ex comandante Juan Fernández Maggio, en prisión desde 2010 por decisión de la Justicia en Crimen Organizado. Ambos están implicados en las compras truchas por las cuales se utilizaron recursos públicos para otros fines. A todos se los indaga además por lavado de activos para saber si con ese dinero se enriquecieron ilícitamente.
El fiscal militar solicitó tipificar a Caramés el delito militar de omisiones en el servicio, que se sanciona con una pena de cuatro meses a tres años de prisión y en caso de ser declarado culpable por la Justicia Militar, cumplirá la pena de prisión en una dependencia militar. La defensa de Caramés, a cargo del doctor Miguel Langón, presentó un escrito con nuevos documentos pidiendo que la fiscalía reconsidere la situación, lo cual fue aceptado por el juez militar a cargo de la causa. En dos semanas el magistrado decidirá si hace lugar al pedido o lo procesa. Caramés había sido citado a audiencia por el juez de instrucción pero la audiencia se suspendió porque el jueves el abogado defensor solicitó la clausura del procedimiento. “Eso significa, desde el punto de vista jurídico penal, que la audiencia se tiene que postergar porque el escrito del abogado defensor tiene que ir al fiscal de nuevo, para que el fiscal lo estudie y revea o no la decisión que tomó”, explicó el titular del Supremo Tribunal Militar, Julio Halty.
A su vez, la Justicia Militar procesó con prisión a Fernández Maggio, por los delitos de desobediencia y omisiones en el servicio, cumpliendo el procesamiento por estafa de la Justicia ordinaria, alojado en Cárcel Central. El presidente José Mujica pasó a “disponibilidad” a los contralmirantes Manuel Burgos y Federico Lebel, investigados por las compras irregulares efectuadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2008 y aceptó el retiro voluntario de Caramés. Ello significa que los contralmirantes seguirán cobrando el sueldo pero no desempeñarán funciones en la Armada. En lugar de Caramés, nombró a Ricardo Giambruno, quien hasta ese momento era titular de la Dirección General de Material Naval.