Locales | 26 Sep Tras la reunión mantenida en la víspera entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Mesa y varios intendentes miembros del Congreso de Intendentes --entre ellos Bertil Bentos--, quedó establecido que las intendencias ya cuentan con la habilitación para la compra de maquinaria vial, utilizando los recursos que corresponden al Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).
En la reunión estuvieron presentes los intendentes de Río Negro, Salto, Tacuarembó, Cerro Largo, Treinta y Tres, Lavalleja, Paysandú y San José, así como el director de la OPP, Gabriel Frugoni, y el director de Políticas Territoriales de la OPP, Enrique Cabrera.
En este contexto se concluyó si había alguna región que ya esté constituida y con la correspondiente sociedad anónima instalada, realizará la compra de la maquinaria, o en su defecto, se canalizará a través de cada Intendencia. No obstante, el director general de Administración, Heber Coello, subrayó que “ninguna de las regiones tiene una forma jurídica”, por lo que la compra se canalizará a través de cada Intendencia.
“La Norte está más adelantada porque tiene acta constitutiva, se ha remitido a la Junta Departamental la solicitud de anuencia y ya cuentan con ella las intendencias de Artigas y Salto, en tanto Paysandú seguramente la obtendrá en breve en la medida que concurrimos con el intendente Bentos a brindarle toda la información que los ediles solicitaron”.
“La OPP entregó a estudio de las intendencias un documento de la operativa jurídica, que sería a través de empresas públicas que operarán en el orden privado como sociedades anónimas, integradas por las intendencias de cada región. Estas empresas actuarán y serán financiadas con el fideicomiso que se formarán con el producido estimado del ICIR a diez años, de entre 450 y 500 millones de dólares”, destacó el Director de Administración.
El primer año, con un estimado de entre 40 millones y 50 millones de dólares, será destinado a la compra de maquinaria vial. En el caso de Paysandú, “si el monto total es de 40 millones de dólares, estaremos recibiendo más de dos millones de dólares”, y si es de 50 millones de dólares, “llegaremos a tres millones de dólares para maquinaria vial”. La cifra definitiva se conocerá en dos semanas, cuando el presidente José Mujica firme el decreto respectivo.
El resto del fideicomiso, es decir los siguientes años, será destinado a la realización de obras en el área rural, así como para la explotación de empresas o industrias también rurales. En el caso de Paysandú, se ajusta el pliego de condiciones para el llamado a licitación para la compra de maquinaria vial. Y en el caso de las obras a realizar en caminería rural, no chocará con los planes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o de Caminería Forestal, sino que será complementaria. Hay unos 3.000 kilómetros de caminería rural en el departamento, de los cuales 500 son atendidos por convenio con el ministerio y unos 80 con el de Caminería Forestal.
La figura jurídica de sociedad anónima es considerada “la que mejor se adapta” porque “tiene algunas ventajas operativas, especialmente en lo que refiere a contrataciones, que ya no serán de funcionarios públicos, sino regidos por el orden privado”.