Opinion | 25 Sep Tiempo atrás, llegó al sistema educativo una polémica sobre la permisividad con que escuelas y liceos venden productos alimenticios como papas fritas, chizitos y similares así como otros con elevados porcentajes de azúcares simples y grasas totales.
Luego de ese episodio, muchos centros educativos comenzaron, por iniciativa propia, a promover el consumo de alimentos saludables en los recreos y es habitual que en los centros de educación inicial se siga un calendario de meriendas “sanas”. Lo mismo ocurre en aquellas escuelas que brindan almuerzo, desayunos o meriendas a sus alumnos puesto que cuentan con personal de cocina que, con apoyo de nutricionistas, elaboran una dieta adecuada.
El Programa de Alimentación Escolar de Primaria cuenta con un equipo de licenciadas en nutrición que elaboran los menús que se sirven en las escuelas, controlan diariamente la calidad de los alimentos y los distribuyen según las necesidades de cada individuo en función de la edad. Desde lo educativo, el programa promueve a los niños, sus familias y docentes el consumo de alimentos que se puede ingerir con mayor frecuencia como las verduras, las frutas y los lácteos e indica la reducción de la ingesta de aquellos con exceso de grasa, azúcar y sal. También existe un programa de leche escolar mediante el cual los centros educativos reciben a diario una porción de leche para suministrar a sus alumnos y ahora están introduciendo jugos naturales de uva y manzana.
Paralelamente, está a consideración del Parlamento un proyecto de ley sobre hábitos de alimentación saludables en centros educativos que si bien va en la misma línea, quizá hasta sea innecesaria en la medida que el propio sistema educativo está regulando estos temas.
Respecto a la posibilidad de prohibir la venta de bocaditos snacks, alfajores y demás productos no recomendados, en encuentros con directores y encuentros nacionales y departamentales de inspectores Primaria se convino en que en las escuelas no se venda ningún tipo de productos que no sea coherente con una alimentación saludable. Pero lo mismo se podría hacer en centros de Educación Media.
Desde este punto de vista seguimos sosteniendo que bien podría considerarse insólito que un país necesite una ley para prohibir la venta de alimentos no saludables en los centros educativos y que, además, existiendo tal iniciativa legal pase tanto tiempo a estudio de los parlamentarios cuando los propios centros educativos ya han regulado este asunto y además avanzado notoriamente en la formación de hábitos saludables.