Opinion | 29 Sep De acuerdo a una investigación del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), sobre la minoridad delictiva, de los “infractores” solo el cuatro por ciento es recluido en hogares, por un promedio de solo tres meses, y casi el cuarenta por ciento de los internos se fugan.
El estudio no es más que una traducción en números de una realidad que vivimos y sufrimos todos los días los uruguayos, a la vez de señalarse que en los últimos quince años los delitos totales se han duplicado, en tanto que las rapiñas han aumentado de manera exponencial, multiplicándose por cuatro en el período.
En este contexto, el número de rapiñas cometidas por adolescentes creció tres veces más que lo que lo hicieron las rapiñas cometidas por adultos, y actualmente el cuarenta por ciento de las rapiñas son cometidas por adolescentes.
La investigación fue realizada por el economista Ignacio Munyo, quien según recoge El País, expresó que “en otras palabras, los delitos cometidos por adolescentes se han triplicado en nuestro país no solo porque el beneficio asociado al delito creció muy por encima del retorno de las actividades legales, sino también porque el costo asociado a las actividades delictivas ha desaparecido prácticamente por completo”.
Es que el estudio también señala que los adolescentes infractores tienen una probabilidad de aprehensión del orden del diez por ciento y encima una vez detenidos una probabilidad del cuarenta por ciento de ser liberados antes siquiera de iniciar el proceso judicial. Ello quiere decir que el adolescente se enfrenta a una probabilidad efectiva de captura de tan solo el seis por ciento por la Policía, lo que significa que de cada cien adolescentes delincuentes solo seis son atrapados. De esta cifra dos son liberados por el magistrado de turno y solo cuatro de cada cien menores que cometen delitos graves son penados con internación.
En el plano socioeconómico, el investigador saca como conclusión que para los jóvenes pobres y con escasa formación las actividades delictivas “son más rentables” que los salarios que perciben estos adolescentes, la gran mayoría de ellos en el sector informal. Para complicar las cosas, no existe prácticamente oferta laboral para los adolescentes, puesto que las trabas y complicaciones para el empleador hacen que sea virtualmente imposible contratar menores.
En cuanto a las razones para este escenario, Munyo entiende que los factores de mayor incidencia son por un lado el fracaso del sistema educativo en los barrios de contexto económico desfavorable, la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en 2004, que redujo la posibilidad de que los adolescentes sean juzgados, el incremento de las fugas de los hogares del INAU y el aumento muy significativo del consumo de pasta base.
Y seguramente debe influir además el hecho que el gobierno, siguiendo directivas impuestas por organismos internacionales que no tienen en cuenta las realidades de cada país, desmotiva a la sociedad del trabajo por el mal entendido “trabajo infantil” en detrimento de los estudios, cuando la realidad que nos golpea la cara nos muestra que el joven que no por dejar de trabajar el joven va a estudiar, y lo único que han logrado hasta ahora en engrosar el grupo de los “ni – ni” (ni estudian ni trabajan, ni se hacen del hábito del trabajo).
Más allá de esto, la conjugación de los elementos mencionados coadyuva a que el menor infractor se sienta impune –en los hechos realmente lo es, como todos sabemos— porque sabe que tiene pocas posibilidades de ser atrapado y cuando lo es, es dejado libre por la Justicia o internado en los hogares del INAU de los que se fuga más rápido que lo que ingresa. Y no es solo un problema de la minoridad infractora, puesto que las penas tan livianas para los delincuentes consuetudinarios oficia de estímulo a la delincuencia, porque la estadía en cárcel pasa a ser percibida por estos individuos como unas vacaciones de corta duración con todo pago, salidas temporales, visitas, teléfono celular, etcétera.
No es porque sí que la enorme mayoría de los uruguayos consideran a la inseguridad pública como el mayor problema que enfrentan, muy lejos de las evaluaciones de “sensación térmica” con que pretendían explicarlo los ministros del Interior de la Administración Vázquez, sin olvidar la “solución” del ex ministro José Díaz de liberar a delincuentes de las cárceles antes de que cumplieran su pena.
El ocio, la falta de estímulos, de educación, de formación en oficios, es caldo de cultivo de la delincuencia. La única solución pasa por dejar de anteponer el “pobrecito” y comenzar a inculcar la necesidad del esfuerzo para ganarse el pan con el sudor de la frente, como nos lo recalcaban una y otra vez nuestros mayores, además de la contención, aspectos estos que hasta ahora han estado ausentes.