Opinion | 01 Oct Mientras desde el propio gobierno y desde muchos otros sectores de la sociedad se dice y repite que es imprescindible reducir el peso del aparato estatal para asegurar el desarrollo del país, entre otras acciones, la realidad es otra. Se lo dice y se lo repite no desde la Administracion Mujica sino desde hace muchos años. Porque la cantidad de funcionarios públicos no es un mal de esta administración sino que el gobierno de Mujica solo ha hecho lo que todos los anteriores: poco y nada para combatir el problema.
Es claramente una de las más sencillas maneras que tienen los gobiernos para abatir el desempleo. Por décadas fue el procedimiento más sencillo. Siempre había lugar en cualquier repartición para alguien más. Amigos, parientes, correligionarios, chicas bonitas. Al fondo que hay lugar.
En setiembre de 2002 el gobierno de Jorge Batlle aprobó una ley que impide el acceso a la administración publica hasta el 25 de abril de 2015. Pero apareció la trampa y pasantías, becas y contratos temporales permitieron más y más ingresos.
Ahora el gobierno de José Mujica acaba de llegar a un acuerdo insólito, inaudito, con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en el que en un año de 365 días los empleados públicos pueden tener hasta 200 días de licencia. Ergo, cobrarán todo el año, pero trabajarán menos de la mitad del año. En condiciones ideales para el trabajador público, podrá trabajar hasta hasta 165 días. Aunque ni eso. Habrá 54 domingos en 2013. Y muchos públicos no trabajan los sábados. Otros 54 días. En menos. Y en menos. Los días laborables se reducen y reducen. Y en estos están los descansos, las horas perdidas conversando entre compañeros y más.
No se trata de ir contra los funcionarios públicos, porque claramente es un sector laboral necesario. Lo que hay que criticar, y claramente, es el abuso en contra del sector activo de este país, especialmente el privado, que tiene una enorme carga impositiva y ni cerca de todas las ventajas de un trabajador público, al que --indudablemente-- ayuda a financiar y a pagarle su salario y sus prebendas, como primas en efectivo por hogar constituido, asignación familiar, matrimonio o concubinato, nacimientos o adopciones, seguro de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Y, además, la licencia sindical libre y remunerada. Obviamente, para que un funcionario público use todos los días de licencia probables en un solo año, se deben dar muchas circunstancias. Pero el problema es que el gobierno aceptó todo esto --y rechazó otras barbaridades, conviene decir--, sin pensar que pagar por todo eso (sin recibir en contrapartida el trabajo de sus funcionarios públicos) es otra y pesada carga para el país. Y eso es gravísimo.