Opinion | 04 Oct En el Día Internacional del Adulto Mayor, la Agencia de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA), dio a conocer un informe que indica que el planeta envejece cada vez más rápido, lo que no es una novedad, pero sí en cuanto a las previsiones respecto al ritmo del envejecimiento poblacional.
Según el informe presentado, antes del fin de esta década los mayores de 60 años serán mil millones y esa cifra se duplicará en 2050, superando los dos mil millones, y habrá tres millones de personas de más de cien años.
El envejecimiento poblacional mundial tiene una diversidad de grados que depende del país de que se trate, y por ejemplo, mientras en Europa y Japón, así como en otras naciones desarrolladas, ya es una problemática que tiene connotaciones no solo respecto al futuro cercano, sino que forma parte de una actualidad insoslayable, en el caso del Tercer Mundo se percibe como un escenario más lejano por la composición de sus franjas etarias.
De todas formas tiene proyección en una diversidad de áreas, y lleva implícito un condicionamiento en las políticas de cada país, desde que este envejecimiento conlleva además sostener un esquema de prestaciones sociales muy bien estructurado para atender la calidad de vida de los grupos de mayor edad, y desafíos para sostener un esquema previsional cada vez más exigido.
Es que este escenario representa un desafío tanto para la economía como para la salud pública, y requiere una aproximación nueva sobre la salud, las jubilaciones y las relaciones intergeneracionales, al punto que indica el estudio que “el número de las personas ancianas está creciendo más rápidamente que cualquier otro grupo etario”.
Precisamente un aspecto que ya es motivo de arduo debate por los expertos es la sustentabilidad financiera de la seguridad social, cuando la esperanza de vida ha aumentado sensiblemente y hay países europeos en los que funcionan sistemas de seguridad social muy generosos.
Pero la realidad ha cambiado, y por más recursos que se tenga, ya en la mayoría de las naciones del Primer Mundo se está instrumentando un aumento de la edad mínima de retiro por encima de los 65 años, en tanto en el Uruguay se mantiene en 60, aunque con estímulos para ir dilatando el pasaje a la pasividad.
El presidente José Mujica había alertado en su momento acerca de este escenario y dijo que “vendrán gobiernos que tendrán que elevar la edad de jubilación y a nadie le va a gustar y todos van a patear, y no va a ser este gobierno, pero los futuros sí, no se escapan. No sé cuál será, porque va a caer tanto la capacidad de aportes que cada vez será mayor la demanda”.
En cuanto a la situación demográfica de Uruguay, según datos de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social nuestro país se ubica entre las naciones con mayor proporción de personas por encima de los 60 años sobre la población total. En los hombres representan el 18,4% y en mujeres el 13,9%. Solo están por encima España y Portugal. A su vez, Uruguay tiene uno de los mayores niveles de cobertura (cercano al 87%), lo que es positivo pero también plantea el desafío de mantener ingresos para pagar las pasividades.
El envejecimiento de la población europea y la crisis fiscal de varios países empujaron a muchos gobiernos del viejo continente a retrasar la edad de jubilación mínima requerida, como es el caso de Italia, donde el gobierno aprobó --pese a la fuerte oposición de los sindicatos-- una reforma de la edad mínima, que para los hombres se eleva de 65 a 66 años en 2012 y a 67 en 2022, mientras que para las mujeres sube de 60 a 62 y se igualará a la masculina en 2022, en tanto algo similar ocurre en España y en menor medida en Francia y el Reino Unido. Pero se trata de economías y tramados socioeconómicos que no son comparables, al fin de cuentas, con las posibilidades de nuestro país, pese a escenarios similares en la distribución etaria. Ello da la pauta de que en el Uruguay su sistema político y los actores directamente involucrados deben sentarse desde ya en torno a una mesa para contribuir a generar las soluciones que impliquen el menor trauma posible para enfrentar realidades muy complejas, con conflictos de intereses naturalmente.
En este contexto, inevitablemente cada uno debe poner de su parte a efectos de que las respuestas contemplen todas las situaciones posibles y pueda conciliarse la limitación de recursos con un sistema provisional y de seguridad social acorde a las exigencias que conlleva el envejecimiento poblacional. Porque ahora mientras el Uruguay se favorece por la situación internacional, es fácil soportar cualquier sistema previcional, tal como España lo hizo hasta hace unos años derrochando plata porque parecía que siempre le sobraría, pero necesariamente hay que pensar en modelos sustentables para cuando la realidad cambie, como ocurre siempre en los períodos económicos.