Opinion | 02 Oct Con toda razón nuestra sociedad se ha visto convulsionada por el acto incalificable de una o más personas –nos resistimos a creer que un organismo como tal haya dispuesto una acción de esta naturaleza— que arrojaron veneno indiscriminadamente en un amplio sector de la ciudad dirigido a la matanza de perros.
El resultado ha sido la mortandad de cientos de canes y una manifestación más de irracionalidad de quienes practican lo que podría ser en este caso la búsqueda de “justicia” por mano propia, eventualmente ante accidentes generados por perros callejeros o aquellos que, con dueño, son dejados en la vía pública por tenedores irresponsables o desaprensivos.
Pero para que las cosas lleguen a este estado debieron sucederse factores detonantes, entre los que hay demasiados sospechosos, porque son muchos los que sufren o han sufrido las consecuencias de los perros “de la calle”, que en la mayoría de los casos no son tales, sino mascotas que son soltadas por sus dueños para que hagan sus necesidades fisiológicas “en algún lado” porque la casa o apartamento no tiene jardín suficientemente grande, o simplemente porque es mejor que ensucien en otro lado y no en la casa de sus dueños.
Mientras cientos de personas han sido víctimas de caídas de moto o bicicleta –sufriendo serias lesiones, días de trabajo perdidos y roturas de las que nadie se hace responsable--, mordeduras, el susto permanente cuando deben pasar por determinada calle donde “sale” un perro, o tienen que limpiar las veredas frente a su casa al ser usadas como “baño” por las mascotas de todo el barrio, las autoridades y las asociaciones defensoras de los animales no dan respuestas válidas a esta problemática, creando el caldo de cultivo propicio para que algún desquiciado salga a sembrar los espacios públicos con comida envenenada.
Por lo tanto se trata de intolerancia, sí, de enajenación y de un acto incalificable, pero también de la existencia de un alto grado de impunidad en general, ante un escenario de falta de respeto a las normas y de ausencia de controles, además de apostarse a que con el tiempo todo se olvida y las cosas quedan en la nada.
Todo esto permite que alguien salga en medio de la noche a arrojar carne u otros alimentos con un tóxico que puede afectar no solo a animales sino también a seres humanos –aunque ciertamente más allá de los riesgos, no recordamos que nadie haya resultado contaminado accidentalmente por tocar un perro envenenado, o a algún niño se le haya ocurrido alguna vez comer carne cruda de la calle--, y que nadie haya visto nada o no se anime a decirlo.Ante esto, la Policía, el Ministerio de Salud Pública o la Dirección de Higiene tienen no solo la posibilidad sino la obligación de intervenir, ver qué pasó y quiénes son los responsables. En suma, coordinar la investigación correspondiente para transmitir cierto grado de tranquilidad a la población, porque de no actuar de esta manera se estaría dando una pésima señal respecto a que cualquiera puede hacer lo que se le ocurra sin medir consecuencias, porque de hecho no habrá ninguna.
En conclusión, lo que se requiere son respuestas condignas de los organismos del Estado y departamentales, haciendo lo que deben hacer, es decir primero controlar que no haya animales sueltos en la vía pública, exigir que cuando sus dueños los saquen a pasear estén sujetos de una correa, y sancionar a los tenedores que irresponsablemente “largan” a sus mascotas a la calle.
Y no sólo debería controlarse por los canes; también los animales domésticos más grandes, como vacas y principalmente caballos, que además de los destrozos que producen en jardines y plazas --incluso del centro de la ciudad-- son responsables de gravísimos accidentes de tránsito, como el que sucediera hace apenas unas semanas que llevara al CTI a un motociclista.
Sólo esto evitaría muchos problemas. Pero también debe quedar claro que no se tolerará que nadie se tome el derecho a tirar veneno en la vía pública, y que será castigado no sólo por matar perros sueltos, sino por los potenciales riesgos para los humanos.