Opinion | 03 Oct No hace mucho fue difundida una reflexión del Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) que señalaba que el Parlamento utiliza mucho tiempo en la aprobación de leyes “de poca significancia”, a lo que se agrega el problema de que la baja calidad técnica de las normas dificultan su aplicación, como hemos señalado en más de una oportunidad desde la página editorial de EL TELEGRAFO, a la vez de advertir que no es solo un problema del legislativo nacional, sino que este escenario también se da en los gobiernos departamentales.
Para el CAU hay numerosos ejemplos que evidencian la falta de técnica legislativa que lleva a que muchas normas sean inaplicables o generen serios problemas de interpretación jurídica, y que a la vez salgan decretos con errores que obligan a que luego sea modificado. En casos de leyes con errores en agosto de 2010 el senador colorado Ope Pasquet había criticado “la fragilidad de los soportes técnicos” que usan los legisladores, y según El Observador expuso que “no está bien regirse simplemente por el consejo que da un amigo o un correligionario. Mañana o pasado pueden darse situaciones similares en las que se adopten decisiones erradas e importantes”.
Según el legislador colorado, dos años después las cosas no han cambiado, y explicó que “no han habido cambios de métodos. A veces estamos más atentos y se corrigen las cosas para evitar cuestiones más gruesas, pero depende de cada legislador. A nivel instrumental no se ha visto nuevos asesores ni se ha cambiado nada”.
El presidente de la Comisión de asuntos Legislativos del CAU, Bernardo Porras, experto en Derecho Administrativo y Bancario, comentó en su momento que la escasa técnica legislativa a la hora de redactar las leyes genera una “gran cantidad de imperfecciones y problemas. En el lenguaje jurídico cada palabra tiene su contenido. Por ese motivo, la redacción de leyes es como armar un puzzle, donde una pieza necesariamente tiene que acompañar a la otra”, al mismo tiempo que cada ley se interrelaciona con otras y sobre todo con la Constitución, al punto que es común que nuevas normas remitan a disposiciones antiguas ya derogadas.
Porras lamentó que por lo general los parlamentarios “se lanzan a redactar en lugar de consultar y si lo que redactan no está bien desde el punto de vista técnico, la ley no cumple con lo que busca”, pese que a que el CAU y las cámaras de Senadores y de Diputados firmaron un acuerdo a fines de noviembre mediante el cual la gremial de los abogados brindaría asesoramiento técnico a los legisladores.
El cuidado en la redacción de leyes tiene que ver con las responsabilidades inherentes del ejercicio del cargo, donde la improvisación se paga muy cara y donde las decisiones y posturas políticas deben ser respaldadas y enriquecidas con el soporte técnico imprescindible para no caer en graves errores que resultan muy difíciles de enmendar cuando las ordenanzas y leyes ya han sido aprobadas y se han generado expectativas así como situaciones no deseadas.
En el Parlamento, y sobre todo en la Cámara de Diputados, en cada período legislativo se reduce el porcentaje de legisladores que tienen determinada formación profesional, sobre todo en Derecho, ante la voluntad de un electorado que se expresa ante simpatías políticas por encima de atributos técnicos, pero que conlleva a la vez un elemento en contra a la hora de elaborar leyes y evaluar sus alcances y repercusiones.
El convenio suscripto entre el Colegio de Abogados del Uruguay y el Parlamento para la asesoría en la redacción de leyes es un formidable instrumento que bien utilizado, contribuiría a paliar esa deficiencia de formación de los representantes, al posibilitar contar con asesoramiento técnico para plasmar en el texto el espíritu de la ley sin entrar en colisión con otras iniciativas en vigencia, además de determinarse con exactitud sus reales alcances, con vistas a llevar delante de la mejor forma posible el trabajo legislativo.
Pero hasta ahora, lamentablemente, hay deficiencias o reticencias para incorporar este asesoramiento, teniendo en cuenta que sigue improvisándose en las leyes, y se apuesta más al contenido político que a las formas del derecho, con las consecuencias a la vista.