Opinion | 09 Oct Ni siquiera un guionista de ciencia ficción podía haber imaginado las alternativas del “novelón” que se ha generado en nuestro país en torno a la compra, venta, remate y a la vez eventual reactivación o sustitución de Pluna por otro inversor privado o aerolínea similar, cualquiera sea la figura jurídica que sea parte del desenlace de este “puzzle” a varias puntas.
Lo que sí es seguro, de todas formas, es que de una u otra forma todos los uruguayos pagaremos el costo del desaguisado en que nos han metido nuestros gobernantes, sobre todo los de las dos últimas administraciones del Frente Amplio que --seguramente con buena intención, como ocurrió además con los anteriores-- pretendieron sacarse de encima con el menor costo posible el barril sin fondo que ha significado la aerolínea de bandera uruguaya a cargo del Estado y luego traspasada parcialmente a privados, pero con su garantía. Por lo tanto no se ha beneficiado con rentabilidad o siquiera empate de la ecuación económica, sino pagado el costo de las ingenierías que debieron inventarse para hacer marchar la aerolínea como fuera.
Finalmente, este procedimiento ha sido una verdadera motosierra que ha cortado hacia todos lados, generando agujeros financieros que todavía están por resolverse y --en el mejor de los casos-- con perjudicados que solo recuperarán una parte de lo que perdieron. A la vez, siempre está abierta la posibilidad de que de los juicios surjan obligaciones de indemnización que no van a pagar por supuesto los nuevos inversores, sino todos los uruguayos a través del Estado, nos guste o no nos guste.
Lo que sí está claro es el común denominador de falta de transparencia en todo este enredo, tanto en lo que refiere al proceso de liquidación de Pluna, con la ley aprobada solo con los votos del oficialismo para modificar las reglas de juego en cuanto a quién se cobraría primero de la liquidación –en este caso lo hace el Estado mediante esta ley— pero con el reclamo atrás de viajeros, ex funcionarios y muchos otros damnificados, incluida la propia Ancap y el BROU, haciendo fila para ver a quién le cobran las decenas de millones de dólares pendientes.
Y lejos de tratar de aclarar las cosas, o por lo menos con alguna apariencia de que las cosas resulten claras, en el remate de los siete aviones apareció un “testaferro” --aunque se ha intentado desmentirlo-- del propietario de BQB, de nombre Antonio Sánchez, pero que en realidad es Hernán Calvo, porque se le ocurrió usar su segundo nombre y apellido, por cuanto según él no tiene ninguna “obligación” de usar los primeros.
Ocurre que este tipo de procedimientos llama la atención, por decir lo menos, porque si no hay nada raro que ocultar podría –debería— haber utilizado su nombre real, por más que el ministro de Transporte, Enrique Pintado, haya pretendido justificarlo --da para la risa-- diciendo que Pelé era en realidad Edson Arantes do Nascimento, y que nadie lo cuestionaba por eso.
Lamentablemente, con este tipo de salidas se pretende hacernos pasar por niños de escuela a todos los uruguayos y aceptar por válidas tales “explicaciones”, para no inferir que acá hay un trasfondo que se quiere ocultar y que debe conocerse, por más que esté de por medio una negociación en la que no se pueden mostrar todas las cartas públicamente.
Nos imaginamos si este tipo de situaciones hubiera ocurrido durante los gobiernos de los partidos tradicionales, con el Frente Amplio en la oposición y los sindicatos denunciando a viva voz la “corrupción” y “negociados” en estos manejo. Por ahora se ha justificado la “transparencia”(¿?) con que se ha actuado y otorgado una carta de crédito a los gobernantes --de su partido, naturalmente-- porque no habría nada raro a su juicio en estos procedimientos.
Está de por medio además pendiente de explicación el aval por U$S 13,6 millones brindado a la aerolínea española Cosmo por el Banco de la República para participar en el remate de los aviones de la ex Pluna, cuando la casi desconocida compañía española tiene un patrimonio de no más de siete millones de dólares.
La noticia de que el BROU fue la institución que otorgó el aval bancario para que Cosmo pudiera ofertar en el remate del lunes 1° causó lógica sorpresa debido a su elevado monto y los escasos antecedentes de la compañía en España y nulos en Uruguay. En el BROU el hermetismo en torno al tema ha sido total y, de hecho, el presidente de la institución, Fernando Calloia, no ha dado explicaciones más o menos convincentes. Además, el aval no pasó por el Directorio sino que fue aprobado únicamente por Calloia, en función de una potestad excepcional que la Carta Orgánica de la institución prevé para su presidente.
Es decir que hay demasiados puntos oscuros y hay quienes dudan de que la garantía --principal requisito que debían cumplir los interesados en participar en el remate-- efectivamente exista.
Y no alcanza solo con proclamar la mentada transparencia una y otra vez, sino que hay que practicarla en todos los actos de gobierno, porque los ciudadanos deben ser informados por lo menos de cómo viene la mano, pero sin explicaciones del estilo de las que han ensayado, que han oscilado en algunos casos entre el ridículo y el silencio, pretendiendo que hagamos actos de fe en lugar de ser tratados como seres racionales.