Opinion | 15 Oct El repunte de la inflación que se ha verificado en los dos últimos meses en nuestro país es notorio, como reflejan los análisis mensuales del Instituto Nacional de Estadística (INE), con la salvedad de que los incrementos de precios se han dado fundamentalmente en productos alimenticios y de primera necesidad, lo que ha repercutido por lo tanto con mayor énfasis en los hogares de menores ingresos, donde la alimentación tiene una fuerte incidencia en el presupuesto familiar, por supuesto.
Ante la suba generalizada de precios, el Ministerio de Economía y Finanzas ha solicitado a los supermercados que no dispongan más aumentos de precios hasta fin de año y además instó a formar una canasta de 150 productos y aplicarle un 10% de rebaja.
Este planteo se registra además luego que el Banco Central aumentara hace dos semanas la tasa de interés a 9% con el objetivo de bajar el dólar y así incidir directamente en la cotización de los precios de artículos importados. El ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y el jefe de la Asesoría Macroeconómica, Andrés Masoller, se reunieron la semana anterior con la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU) en procura de una colaboración para contener la inflación.
En tal sentido, solicitaron a los empresarios determinadas medidas puntuales tendientes a que no se dispare la inflación, la que a setiembre se ubicó en 8,64% en los últimos 12 meses. Por un lado, plantearon que las cadenas de supermercados no acepten nuevas listas de precios de sus proveedores y, por otro, reducir en un 10% la canasta básica, según da cuenta El País en base a fuentes empresariales.
En el caso de la canasta, se trata de 150 productos que tendrían una rebaja en los precios para el consumidor final, la que regiría desde esta semana. Debe tenerse presente que no es la primera vez que se concreta una apelación de este tipo por el equipo económico, ya que acordar una canasta de alimentos con precios más bajos a los actuales también fue adoptada en enero de 2009 cuando la inflación estaba próxima al 10% y el gobierno solicitó la colaboración de la cadena de supermercados. La canasta en ese entonces incluyó productos de limpieza y bebidas, entre otros, pero no verduras, frutas o carne.
Según fuentes del sector, la medida se extenderá hasta fin de año porque una decisión de este calibre tampoco “puede durar eternamente, no puede haber congelamiento eterno”, y la medida incluirá las fiestas tradicionales, donde las presiones de la demanda inciden también al alza en algunos productos.
El punto es que si bien es plausible que el equipo económico de gobierno intente contener la inflación, si se tiene en cuenta que en los hechos éste es un impuesto encubierto que afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos, está harto comprobado que el control administrativo de precios --directo o solapado, como en este caso-- no es la respuesta que se requiere para contener el alza de precios. Solo puede tener cierto resultado por un tiempo muy breve, desde que el precio final al consumidor es el resultado de una compleja ecuación en la que no solo inciden quienes intervienen en la cadena de producción y comercialización, sino también el Estado, que aplica sus propios costos a los operadores privados en todas las áreas.
Por lo tanto, a la vez de apelar a la buena voluntad de las grandes cadenas que forman los precios de una serie de productos, pidiéndoles que resignen parte de sus ganancias durante determinado tiempo, está pendiente por otro lado el aporte del propio Estado para que este esquema resulte más o menos sostenible, porque la carga que aplica sobre los sectores reales de la economía es uno de los mayores desencadenantes de la escalada de precios.
Es que el problema no radica solo en los aumentos de los precios internacionales de los commodities, sino que sobre todo existe una fuerte carga de impuestos, altos costos de los servicios estatales, incluyendo la energía, así como aumentos salariales sensiblemente por encima de la inflación, que entran en la pirámide de insumos que aceleran la inflación, desde que las empresas tratan de subsistir adecuando los precios para mantener por lo menos un mínimo margen de rentabilidad.
Ergo, el sacrificio que se pide al sector empresarial debería tener la contrapartida de medidas del gobierno que promuevan la contención del gasto público y la mejor gestión del propio Estado. Eso sería una forma de realmente hacer sustentable una moderación de la evolución de los precios, además de transmitirse alguna señal tranquilizadora a los operadores económicos. Así, se dejaría en claro que realmente pretenden hacer algo criterioso en esta materia, en lugar de atribuir toda la culpa a quienes solo tratan de que sobrevivan sus empresas, como si el gobierno fuera ajeno al origen de este recrudecimiento de la inflación.