Nacionales | 15 Oct Cinco de los seis jueces de Familia Especializada de Montevideo se resisten a imponer el uso de las pulseras electrónicas para verificar la presencia y localización de agresores en casos de violencia doméstica. Los magistrados consideran que la aplicación de la nueva herramienta para prevenir ese delito es un “verticalazo” y que su implementación no está estipulada en la ley.
La jueza de Familia Especializada de Primer Turno, Alicia Moré, explicó que junto a otros colegas están de acuerdo en que “el uso de pulseras electrónicas sería un instrumento de control de las medidas cautelares”, pero advierten que “si se respeta el marco legal vigente, no será posible utilizar este instrumento”. Según Moré, la ley 17.514 --de violencia doméstica-- no le otorga facultades al juez de Familia para ordenar el uso de las pulseras como mecanismo de supervisión de la medida cautelar de prohibición de acercamiento al agredido.
La magistrada considera que habría que legislar sobre este nuevo tipo de control. El artículo 10 establece ocho medidas de protección a las víctimas, pero no hace referencia a este tipo de sistema de control que, según Moré, “estigmatiza” al agresor, porque la pulsera es visible. “La ley no nos otorga facultades a los jueces de Familia especializados para aplicar este instrumento, y sin la ley, no podemos aplicarlo. Un juez no puede desbordar los límites de la ley. Si los desborda, es un juez arbitrario y quiebra los principios del Estado de derecho. Estamos haciendo las cosas siempre por la puerta del costado”, dijo. Los cuestionamientos provocaron molestia en ministros de la Suprema Corte de Justicia y autoridades del Ministerio del Interior y pidió a los jueces que eleven su opinión sobre la medida.